Andalucía ha ejecutado un 44% de las obras y proyectos comprometidos con fondos Feder, a poco más de un año de que termine el actual periodo presupuestario europeo 2007-2013. El alto funcionario de la Comisión Europea que proporciona el dato a este diario no lo considera muy significativo: "Vamos ha recibir nuevas certificaciones en los próximos días. La cifra oscilará mucho, pero Andalucía está literalmente en la media española que es del 43,93%, aunque haya regiones como Asturias con un cumplimiento del 87%".

El promedio europeo es también similar, con una ejecución que está en este momento entre el 45 y el 46%. La diputada del Partido Popular por Sevilla Alicia Martínez acaba de hacer una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz pidiendo el porcentaje de ejecución de los fondos Feder. Este periódico también lo ha pedido, en paralelo, a la Comisión y al Gobierno andaluz, con más éxito en Bruselas que en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que se ocupa de los fondos europeos, entre otras muchas competencias.

Martínez explicó que el Parlamento lleva muchos meses en blanco por la disolución a primeros de año, las elecciones, el plazo para su constitución y el parón veraniego. Y que ha habido informaciones en junio sobre paralización de las transferencias europeas, por desviaciones de lo presupuestado en las certificaciones, la contratación de una empresa externa para hacer el seguimiento y justificación de las ayudas, asuntos sobre los que espera una explicación de la Junta. La diputada popular se interesa igualmente por los fondos comunitarios con los que contaba la Consejería Hacienda en su plan de reequilibrio financiero para este año.

La paralización de fondos Feder se produjo como consecuencia de una desviación del 7,62% en una factura de Giasa, la Agencia de Obras Públicas de la Junta, de 2010, cuya certificación fue enviada a Bruselas en noviembre, junto a un paquete de gasto de más de 300 millones de euros. El reembolso de la cofinanciación comunitaria superaba los 200 millones y el expediente estuvo meses retenido. Hay un contencioso entre España y la Comisión Europea por la Ley de Contratos del Estado. La norma española permite desviaciones de hasta el 20% y la Comisión se ha vuelto cada vez más estricta en este campo y recientemente rebajó del 5 al 2% el porcentaje de modificado admisible en una obra.

La Consejería informa que desde febrero de 2008 no pasa a la Comisión las certificaciones de los modificados de los contratos, y que incluso publicó una orden al respecto. Desde la Dirección General de Política Regional de la Comisión se confirma este extremo, salvo error, para toda España. Eso ha provocado notables problemas a algunos destinatarios de los fondos, que no fueron advertidos a tiempo de la naturaleza de las ayudas y de las normas de aplicación.

Por ejemplo, los parques tecnológicos españoles han recibido fondos europeos por valor de 1.500 millones que se han gastado de acuerdo con la ley de contratos del Estado, pero no cumplen los reglamentos comunitarios. De ese montante, alrededor de un tercio ha tenido como destino Andalucía. Sus administradores tienen ahora dificultades para certificar su gasto real y conseguir completa la cofinanciación europea. Por otro lado, fuentes de la Comisión Europea confirman a este diario que no hay ninguna partida andaluza de fondos Feder bloqueada en este momento.

Aunque no ha respondido sobre el grado de ejecución de los fondos Feder del actual periodo presupuestario de siete años, el Gobierno andaluz sí tiene contabilizado su nivel de realización de proyectos en las anteriores perspectivas financieras. En un documento titulado Resultados de la gestión de fondos europeos en Andalucía 1986-2013, la Consejería de Economía sostiene que "la Junta ha incrementado las ayudas inicialmente asignadas en los marcos comunitarios de apoyo; en los dos últimos marcos cerrados se han obtenido 1.229 millones de euros de recursos adicionales". Quizá sea por eso por lo que la cifra de la Comisión Europea en el cuadro adjunto es algo inferior a las que maneja la Junta en el gráfico que lo acompaña.

En el documento sobre la gestión de los fondos se concreta que en el marco 1994-1999 se consiguió ejecutar un 15,87% más que lo programado inicialmente. En el periodo 2000-2006 fue un 28,93% más. Y en el actual, 2007-2013, el aumento contabilizado hasta ahora es del 7,73%. Hay que destacar que aunque el marco vigente termina en diciembre del año que viene, las obras programadas se podrán rematar y certificar hasta dos años después: diciembre de 2015.

En ese momento se estará dentro de las siguientes perspectivas financieras, 2014-2020, que no se presentan nada bien para Andalucía. Dejará de ser región de Convergencia y muchos países grandes pretenden que las ayudas a las regiones que pasen a Transición [las que estén entre el 75 y el 90% de la media comunitaria de PIB per cápita] se reduzcan en dos tercios sobre sus ingresos anteriores, como media a lo largo de los siete años.

Ese escenario pesimista es el que está simulado en el gráfico adjunto. La Junta, por el contrario, pretende que la reducción sea sólo de un tercio, como ha propuesto la Comisión Europea. El Gobierno andaluz también reclama a la Administración general del Estado que no cumpla con sus compromisos de inversión en Andalucía con fondos que la UE destina a la región, práctica que incumple el principio de adicionalidad comunitario. La Junta pide que las inversiones del Gobierno central se hagan con fondos propios adicionales.

En el nuevo periodo, Andalucía no sólo tendrá menos fondos estructurales, sino que la cofinanciación europea pasará del 80 al 60% y se reducirá la aprobación de ayudas de Estado. Otro flanco de la economía andaluza que se debilita.