En plena vorágine de escrituras de monumentos y espacios emblemáticos (Mezquita de Córdoba por parte de la Iglesia, por ejemplo) la Junta de Andalucía tiene la oportunidad de inscribir como de su propiedad el terreno a partir de la línea de costa en la playa almeriense de El Algarrobico. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) conocida en enero permite a la Junta registrar este terreno a su nombre al haber visto reconocido su derecho. La Junta lleva desde 2006 esperando esta oportunidad, cuando ejerció el derecho de retracto. Sin embargo, la Junta no lo hace y en este tiempo ha surgido otra sentencia, contradictoria con la primera, que ha despertado en la Junta la sensación de "inseguridad jurídica" y esperará a que haya una aclaración para tomar una decisión.

Esta indefinición ha motivado las críticas de los grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace, que este fin de semana ha protagonizado una acción protesta para exigir la demolición del polémico hotel y la regeneración de la zona, como acordaron en un convenio la Administración central y la autonómica.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, expresó ayer su respeto a la acción de Greenpeace, al tiempo que insistió en la situación de "inseguridad jurídica" creada tras el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consideró el suelo urbanizable.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera señaló que respeta pero no comparte la decisión, de ahí que la Junta haya interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que el mismo tribunal ha sido "contradictorio", por cuanto en 2012 emitió una sentencia en la que se consideraba el terreno "no urbanizable" y se obligaba a la Administración autonómica a elevar la protección.

"Ahora la misma sala entiende que es meramente urbanizable y no podemos estar de acuerdo con eso, y creemos que hay inseguridad jurídica y se atenta contra la tutela judicial efectiva, aparte de desprotegerse ese paraje natural", según indicó Serrano. En la actualidad, expuso la consejera, existen tres recursos y sólo uno es firme, así que cuando se aclaren esos recursos puestos por Azata, la empresa propietaria del hotel, en el Supremo, la Junta acudirá al Registro de la Propiedad.

"Pero ahora mismo no hay seguridad jurídica. Ahora mismo se puede, pero no se debe. Es lo que nos dicen los servicios jurídicos de la Junta y de la Consejería de Medio Ambiente", subrayó la consejera.

De otro lado la organización ecologista SEO Birdlife advirtió ayer de que se pueden producir nuevos "desaguisados" como el Algarrobico con el último decreto ley aprobado por la Junta para agilizar las trabas administrativas. "Implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán similares requerimientos ambientales", criticó la organización, que denunció el paso atrás en algunos procedimientos de prevención ambiental establecidos en la ley 2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Se da la circunstancia de que esta organización denunció el decreto de 2011 para agilizar estas trabas e impulsar la actividad económica en parques naturales y el TSJA le dio la razón en septiembre. La Junta recurrió esta decisión y una última en la que, también sobre este decreto, el TSJA da la razón a Ecologistas en Acción sobre la potestad del consejero para cambiar los límites de los parques naturales. La consejera confirmó ayer el recurso.