La Junta sube otro escalón en sus reclamaciones al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la financiación autonómica. El portavoz del Ejecutivo andaluz reveló ayer que están barajando reclamar en los tribunales otros 137 millones de euros a la Administración central por los cálculos de las entregas a cuenta de 2019 y 2020. Esta cantidad habría que sumarla a los 537 millones del decimotercer mes el IVA de 2017, que también reclaman desde San Telmo, aunque, de momento, los servicios jurídicos de la Junta no han hecho ningún movimiento al respecto.

En la Consejería de Hacienda, Energía e Industria consideran que en 2019 hubo un déficit de 52 millones y en 2020 el recorte asciende a 75 millones. Para hacer este cálculo, el equipo que dirige Juan Bravo compara la comunicación de las entregas a cuenta que el Estado realizó en el verano de 2018 –con el PSOE en la Junta– con el dinero que llegó finalmente a Andalucía. Los otros 75 millones resultan de restar la cantidad recibida en 2019 con el montante que Hacienda ha comunicado a la Junta respecto a las entregas a cuenta previstas para 2020.

La queja del Gobierno andaluz se explica porque, mientras que las entregas a cuenta comunicadas por Madrid se reducen en 75 millones respecto a 2019, hay otras comunidades que han visto crecer esta cantidad, como Cataluña, Valencia o Baleares. En el Ministerio de Hacienda restan importancia a la reclamación y la enmarcan en la “estrategia de confrontación” que el Ejecutivo andaluz lleva a cabo con la financiación desde hace varias semanas.

Fuentes del Ministerio aseguran que las entregas a cuentas comunicadas son provisionales ya que son una mera actualización basada en la evolución de la población de las distintas regiones. Además, destacan que los recursos del sistema de financiación que recibirá Andalucía en 2020 superan por primera vez los 20.000 millones y crecen en 700 millones si también se tiene en cuenta la liquidación de 2018.

“Esto sí que pasa de castaño a oscuro y no lo podemos tolerar, es un impuesto al Gobierno del cambio que pone el Gobierno socialcomunista a Andalucía, un chantaje”, se despachó ayer Elías Bendodo en San Telmo. El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia considera que el Ministerio que dirige María Jesús Montero “ha quitado” esa cantidad a Andalucía, ya que le correspondería una mayor cantidad por las entregas a cuenta en virtud al aumento de la población de la comunidad.

Esos 137 millones de euros no tienen nada que ver con los 537 del IVA, que Andalucia debió cobrar dentro de la liquidación del sistema de financiación de 2017. Estaba prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que resultó fallido por la negativa de PP, Ciudadanos y los independentistas. A eso alude María Jesús Montero, ministra de Hacienda, cada vez que se le pregunta por el asunto.