La Junta de Andalucía tendrá que pagar a la concesionaria del metro de Málaga, que asume la explotación de dos líneas por un periodo de 30 años, como poco dos euros por cada pasajero que en los próximos años utilice los trenes del suburbano para moverse por la ciudad. Esa cifra, que deberá ser actualizada a lo largo de las tres décadas de explotación conforme a, entre otros factores, el IPC, es el resultado de restar el coste que se apunta para el billete del viaje, que podría rondar el euro, del coste real de una infraestructura cuya ejecución se va a traducir en unos 700 millones de euros, casi el doble de lo previsto.

Tomando como referencia la previsión del metro de que en su primer año de funcionamiento completo, hasta La Malagueta, trasladará a unos 20 millones de pasajeros, la aportación que ese ejercicio deberá realizar el Gobierno andaluz será de al menos 40 millones de euros, un dato que, de aplicarse de forma continuada a todo el periodo de explotación, se traduciría en unos 1.200 millones de aportación añadida. Sin embargo cada uno de los elementos que dan como resultado esta cuantía deberán actualizarse.

Tal y como precisaron fuentes de la Administración regional, una cosa es lo que percibe el bolsillo del ciudadano al usar el transporte y otra la repercusión por viajero que tendrá, una vez culminado, el suburbano. Este último elemento se formaliza en la tarifa técnica, que es de 2,78 euros, 0,84 euros superior a la oferta de la unión de empresas temporal (UTE), encabezada por FCC, sobre la que recayó la construcción y explotación del suburbano malagueño.