La Junta de Andalucía figurará como perjudicada en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva por las irregularidades en los cursos de formación. Así lo ha decidido la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso de apelación de los servicios jurídicos de la Administración Autonómica contra un auto del instructor en el que se le daba consideración de responsable civil subsidiaria.

El magistrado Javier Romero, encargado del procedimiento, argumentaba en su último auto que los fondos propios de la Junta de Andalucía no deben entenderse como bien particular de la misma, sino que éstos se han recibido por las aportaciones vía impuestos de los ciudadanos, siendo la Junta la responsable de gestionarlos. "Cuando se dilapida el dinero público con fines distintos o sin respetar los procedimientos establecidos, los perjudicados son los ciudadanos que con sus impuestos han contribuido a la obtención de dichos findos", interesaba en el auto de mayo recurrido.

Es decir, que para el instructor los perjudicados son las personas destinatarias directas de los cursos formativos fraudulentos, que han visto cómo no se cumplían sus expectativas de adquirir la formación necesaria para acceder al mercado laboral y, en última instancia, todos los ciudadanos, afectados por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos y la falta de gestión eficaz y supervisión de los fondos destinados a la formación para el empleo.

La letrada de la Junta de Andalucía alegaba en el recurso que ha aceptado el tribunal provincial la "absoluta indefensión" a la que se veía sometida su representada al haber actuado en las comparecencias dedicadas a las declaraciones de los investigados y de más de mil testigos "con la mera consideración de interviniente", siendo al finalizar las mismas, el pasado marzo, "cuando se determina que ha de declarársele responsable civil subsidiaria, sin que pueda imputársele tal retraso a ninguna novedad".

A lo largo de 19 páginas, la abogada subraya que el origen de los fondos no es europeo, sino que eran propios de la Administración andaluza, al tiempo que critica al instructor porque "confunde la excepción con la regla e imputa a un sistema que da respuesta al interés público lo disruptivo de diez expedientes que presentan presuntas irregularidades, cuyo alcance y contenido están aún por determinar". Añade que es "destacable" cómo -de una muestra de empresas y de sólo un ejercicio- el titular del Instrucción 5 extrae que "el funcionamiento de la Administración se caracteriza por el despilfarro, desdeñando la actuación de cientos de funcionarios de la Junta de Andalucía por la presunta actuación de siete investigados".

Argumentaba en paralelo la jurista que, al estimar el juez que la Junta debía ser responsable civil, "se duplica el perjuicio a la ciudadanía andaluza, cuyos intereses y valores ya habían sido perjudicados por el delito, y pagan con sus impuestos la responsabilidad imputada o, en último extremo, vuelven a padecer que los fondos que podían destinarse a los servicios públicos cambien de destino".

La terna de magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, tras analizar el recurso, lo tiene claro: "En el estadio procedimental en que se encuentra la causa, procede admitir la personación de la Junta de Andalucía como perjudicada, a fin de que pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones".

Para más inri, agrega que es la Administración autonómica "quien deberá ser resarcida de los daños sufridos como titular de los fondos empleados en los cursos de formación, dada la inexistencia -en principio- de daño económico más allá de que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto de la Hacienda Pública andaluza".