El Gobierno andaluz se incorpora también al frente constituido por las instituciones que se oponen a que las secciones de apelación de lo penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) tengan su sede fuera de Granada. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, envió ayer una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en la que les transmite la voluntad de la Junta a favor de la permanencia de esas salas en Granada y no en Sevilla y Málaga.

El Ejecutivo que preside Susana Díaz insufla así mucho más rango institucional a la reivindicación que también hacen suya el Ayuntamiento de la capital granadina y el Consejo Consultivo de Andalucía -también con sede en Granada-, mostrando "consenso y unidad" junto a partidos y otras organizaciones. Todos ellos ponen el énfasis en que el TSJA contradice lo recogido en el Estatuto de Autonomía, que consagra a Granada como la capital judicial de la comunidad.

"No entendemos la polémica que se está intentando montar cuando el Estatuto de Autonomía de Andalucía es claro", recalcó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Esa propuesta [del TSJA] no respeta el Estatuto de Autonomía y, además, ha contado con una reacción contraria de la sociedad granadina", recalcó Vázquez. "Exigimos al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que respete la voluntad de los andaluces, manifestada en su Estatuto de Autonomía", remachó el portavoz.

En su misiva a Catalá y Lesmes, el consejero De Llera sostiene que no concurren "circunstancias objetivas" que fundamenten el desplazamiento de las secciones, que en su opinión deben permanecer en la misma sede que la Sala (de lo Civil y lo Penal) a la que pertenecen, es decir, Granada, donde se ubica el TSJA.

El titular de Justicia se basa en que el Estatuto de Autonomía determina "con claridad" que Granada es la sede del Alto Tribunal andaluz "sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la comunidad autónoma", como de hecho ocurre, explica, con las salas de lo Social y Contencioso de Málaga y Sevilla, determinadas por la ley de Demarcación y Planta.

Resulta por tanto "necesario", agrega el consejero, contar con la participación de la comunidad autónoma "en todo cuanto afecte a la demarcación judicial de su territorio". En segundo lugar, De Llera recuerda que las competencias del CGPJ, entre las que figura la constitución de órganos judiciales fuera de su sede, requieren del informe favorable de la administración competente -en este caso la Junta- cuando comporten un incremento de gasto, como, destaca, ocurriría en este caso.

De Llera agrega que la ley orgánica del Poder Judicial prevé una serie de presupuestos para acordar el desplazamiento de la sede de un órgano a una determinada circunscripción territorial dentro de su ámbito de competencia que, entiende, no se dan en este caso, "por lo que no existe ningún presupuesto o razón objetiva" que fundamente el desplazamiento de las nuevas secciones de apelación a Málaga y Sevilla.