La Junta de Andalucía y el PP volvieron ayer a lanzarse duras acusaciones sobre el papel que les ha tocado afrontar tras destaparse el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Tras el revés, no definitivo, que ha supuesto que la Audiencia provincial de Sevilla dé la razón a la juez Mercedes Alaya para revisar las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, volvió a insistir ayer en Jaén que ha sido la Junta la que ha denunciado el fraude de los ERE, y eso es "muy importante" porque "hay muy pocos precedentes" de gobiernos que lo hayan hecho a pesar de que "les pueda hacer daño en ese momento". Moreno subrayó que la Junta "va por delante" del PP al denunciar y buscar "a los culpables de cualquier tipo de fraude o combatiendo cualquier tipo de irregularidad". La consejera insistió además en que el PP únicamente "intenta aprovecharse de esta circunstancia cada día con un invento diferente", por lo que le acusó de hacer sólo "ruido".

Por su parte la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, exigió ayer a la Junta que deje de "dilatar" y "obstruir" a la Justicia en la trama de los ERE irregulares y mostró su preocupación por la actitud de "temor real" del presidente andaluz, José Antonio Griñán, a que se conozca el contenido de las actas.