La Junta de Andalucía prevé publicar en los próximos días una modificación de la orden que regula la concertación de plazas con residencias de mayores, centros de discapacitados y unidades de día. Las restricciones presupuestarias y el cumplimiento del objetivo de déficit llevaron a la Junta a abrir una negociación con el sector para disminuir el coste de los conciertos, a los que la Administración se ve obligada por la insuficiencia de plazas públicas. En agosto, la Junta informó a las patronales del sector de la intención de modificar la orden de 1996 para eliminar el coste de la reserva por plazas no ocupadas. Si una plaza pública cuesta unos 1.488 euros al mes, la Junta paga el 60%, unos 888 euros, aunque la plaza esté vacía. El sector batalló contra la Junta porque entiende que la responsable es la Administración al haber tenido paralizada la entrada de nuevos usuarios de la ley de dependencia.

La entrada de María José Sánchez Rubio como consejera de Salud y Políticas Sociales en el nuevo gobierno de Susana Díaz paralizó las intenciones del anterior equipo dirigido por María Jesús Montero. Tras una nueva negociación, la Junta va a anular la intención de dejar de pagar por la reserva de plaza, aunque sí introducirá restricciones. De haberse llevado a cabo la extinción total de la reserva el sector de la dependencia estimó que se perderían unas 2.800 de las 11.163 plazas (el 25%) que la Junta tiene concertadas en residencias de mayores y que no ocupa.

La nueva orden que modifica la de 1996, a la que ha tenido acceso esta redacción, limita a 30 días el plazo máximo por el que pagará la Junta una plaza que no esté ocupada en cualquiera de estos centros. Hasta ahora se pagaba sin limitación temporal, mientras la plaza estuviese vacía. Además sólo se pagará una plaza vacía una vez por año natural.

La Junta dará la posibilidad a estas residencias de que, temporalmente, puedan ofertar estas plazas vacías por su cuenta, aunque tendrá que ponerlas de nuevo a disposición de la Junta "inmediatamente" cuando así lo requiera la Administración.

Otra restricción por la que la Junta ahorrará dinero de los conciertos será que pagará por la reserva de plazas siempre que el nivel de ocupación del centro sea inferior al 85% en el caso de las residencias o del 70% en los centros de día. Es decir, si una residencia tiene cien plazas, pero sólo tiene libre 15, la Junta no pagará por la reserva de éstas si no se ocupan. Hasta ahora la Junta obligaba a las residencias a la ocupación total de sus centros y, con ello, las empresas tenían que mantener una ratio de trabajadores acorde.

Si la Junta hubiese dejado de pagar las reservas, las empresas entendían que no podían mantener la ratio de trabajadores y se verían abocadas al despido de trabajadores, unos 1.500.

Este problema afecta en mayor medida a residencias de mayores, ya que en centros de discapacitados o centros de día hay buen ritmo de ocupación y, sobre todo, en las residencias de mayores situadas en zonas rurales, ya que en las grandes capitales hay mayor demanda y los centros pertenecen a grandes empresas del sector.

Otro de los cambios de la nueva orden será el compromiso de la Junta de que abonará el importe de las plazas a mes vencido. Uno de los mayores problemas del sector es que un leve retraso en el dinero que envía la Junta les aboca al drama, ya que deben seguir prestando el servicio a colectivos tan vulnerables como personas mayores o discapacitados. Un leve retraso de Hacienda (algunos centros llevan sin cobrar desde diciembre) causa graves problemas a residencias de mediano o pequeño tamaño que están dando servicio en zonas de menor población.

La Junta también se reserva que el coste máximo de la plaza podrá ser objeto de revisión, sin tener que ajustarse a la actualización en función del IPC.

Uno de los aspectos más difusos que introduce la nueva orden es la cantidad que debe abonar el usuario (denominado copago). Si el dinero que pone el usuario crece, la Administración tiene que poner menos. En la nueva orden se introduce que "en ningún caso la aportación de la persona usuaria podrá sobrepasar el 90% del coste de la plaza". Hasta ahora el usuario debe abonar el 75% de sus ingresos, excluidas pagas extraordinarias, en centros residenciales; el 40% en centros de día para discapacitados, el 25% en plazas de centros ocupacionales y el 30% en horario completo de centros de día.

Otra novedad de la orden es la creación de una comisión de participación en materia de concertación de precios que tendrá hasta 16 vocales entre representantes institucionales y de los distintos sectores de la patronal y asociativo.

El sector acoge sin recelos la nueva orden y subraya que su deseo es que se cubran las plazas vacías con personas que tengan esta necesidad. No hay estimación de plazas que se dejan de concertar o de ahorro para la Administración, aunque algunas fuentes calculan unos 40 millones de euros.