Las cuentas no terminan de cuadrarle a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. En el corto espacio de quince días ha anunciado la revisión de dos partidas claves en lo presupuestado para 2009: 19 millones más para el fondo para el salario social, y ayer, 200 millones más para garantizar el desarrollo de la Ley de Dependencia. Si en la primera el incremento fue porque la crisis disparó la demanda de ayudas por familias en riesgo de exclusión social, en la segunda, la razón está en el avance en la aplicación de este sistema. En ambos casos, como adelantó la titular de este departamento, Micaela Navarro, no se descarta que haya más revisiones al alza, ya que "se realizarán los ajustes que sean necesarios, como corresponde a una ley que reconoce un catálogo de derechos".

Esta ampliación presupuestaria para atender a los dependientes, representa, además, un importante aumento: un 38% respecto a lo inicialmente previsto, de manera que, en tan sólo nueve meses desde la aprobación parlamentaria de las cuentas autonómicas, se ha pasado de 530 a 730 millones.

Si bien para este ejercicio no se prevén restricciones para este capítulo de ningún tipo, ante la austeridad y restricciones que marcarán los Presupuestos andaluces de 2010, Navarro quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población, y adelantó que para dependencia los recursos "no se congelarán".

"No existe ningún tipo de inquietud sobre el desarrollo de la Ley de la Dependencia, y a pesar de la crisis económica, el fondo destinado por el Gobierno a la red de servicios de la Dependencia no se congelará para el próximo año 2010, sino que se ajustará en función de las necesidades", subrayó.

Además, recordó que hasta el próximo año 2011 no se reconocerá grados nuevos -en este caso personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2-, según marca el calendario de aplicación de la ley.

Por otro lado, la consejera insistió en que la Junta seguirá aplicando la Ley de la Dependencia con efecto retroactivo cuando se produzcan retrasos en el disfrute de las prestaciones sólo en aquellos casos en los que la persona dependiente tenga aprobado el Plan de Atención Individual (PIA) y a través de éste se le haya asignado una prestación económica.

Navarro afirmó que, con este criterio, la Administración autonómica "se limita a aplicar lo que recoge la normativa" y destacó que, además, el mismo ha sido ratificado por una reciente sentencia judicial -un juez de Jaén denegó el derecho de los herederos a percibir la cuantía de los pagos atrasados porque su familiar fallecido no tenía el PIA elaborado- y es el que ejercitan el resto de comunidades autónomas. Según la titular del ramo, "la retroactividad sólo es posible con el PIA ya resuelto, pues, de lo contrario, es imposible saber que tipo de prestación le correspondía por ley".

La consejera rechazó una posible modificación de la normativa en este sentido e hizo hincapié en que ésta reconoce derechos "individuales", de modo que el PIA "prevé ayudas al individuo y para establecer el copago se tiene en cuenta los ingresos del posible beneficiario, no del entorno".