Andalucía

La Junta se niega a aplicar la reforma universitaria

  • El Gobierno aprueba la reducción de las carreras a tres años para adaptarlas a Europa. El Ejecutivo regional propondrá a las universidades andaluzas que siga el sistema actual.

Otra batalla política en el terreno de la educación. La Junta se niega a aplicar el 3+2. Así lo hizo saber ayer la propia presidenta andaluza, Susana Díaz, en la red social Twitterminutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que otorga libertad a las universidades para reducir las carreras de cuatro a tres años e implantar un máster de dos años. Por tal motivo, el Ejecutivo regional convocará en los próximos días el Consejo Andaluz de Universidades en el que propondrá que se continúe con la duración actual de los grados. El Consejo de Estado y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ya han expresado el rechazo a dicha reforma propuesta, según el Gobierno, para converger con la enseñanza superior europea.

Suenan tambores de guerra otra vez en el ámbito universitario. Cuando aún se escuchan los ecos de la polémica por la reforma de las becas y tasas, el ministro José Ignacio Wert se enzarza en otra batalla para que la organización del sistema universitario español se asimile al que predomina en Europa. Ésta fue la explicación de la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al concluir el Consejo de Ministros. "Se trata de adecuar el espacio español de educación al europeo", dijo la vicepresidenta. Una adaptación que supone dar libertad a las universidades para que reduzcan en un año la duración de los grados y que implanten másteres de dos. De ahí que este modelo se conozca con el nombre de 3+2.

La reacción de la comunidad educativa y de los gobiernos autonómicos -a los que competen la financiación universitaria- no se hizo esperar. La Junta fue una de las primeras en salir a la palestra. Lo hizo en primer lugar Susana Díaz, convaleciente durante la jornada de ayer pero que inmediatamente después del anuncio de Sáenz de Santamaría adelantó en un tuit que se convocaría de urgencia al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para que esta reforma no se aplique. Dicha voluntad la ratificó horas después el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, quien informó a Europa Press que en el seno del consejo se propondrá que "no se aplique la reordenación de grados universitarios".

Sánchez Maldonado no se anduvo con rodeos a la hora de calificar la propuesta gubernamental, que es de carácter optativo, pues recae en las universidades la decisión de aplicarlas. "La iniciativa es tremendamente desafortunada y negativa", expresó el consejero, quien advirtió que supone "un nuevo recorte encubierto" . "Al pasar de cuatro a tres años encarecemos la factura de los estudiantes y disminuye la proporción de financiación pública", incidió el máximo responsable de las políticas universitarias en Andalucía.

Siguiendo la línea de pensamiento de la presidenta en las redes sociales, Sánchez Maldonado destacó que la reordenación constituye "un ataque a la igualdad de oportunidades", puesto que los alumnos con menos recursos económicos se quedarán con el grado de tres años, mientras que aquéllos que disfruten de mayor disponibilidad financiera podrán continuar con el máster. Por estos motivos, la Junta propondrá en el CAU que se continúe con el Distrito Único en Andalucía, en el que todas las instituciones académicas oferten grados de cuatro años.

Las explicaciones del Gobierno, sin embargo, difieren mucho de las críticas de la Junta. El Ministerio de Educación defiende que la mayoría de los países europeos conviven con grados de tres, cuatro y más años de duración y un máster de uno o dos años, mientras que España adoptó un sistema "rígido" de grados de cuatro años y másteres de uno. El nuevo decreto establece que para acceder a los estudios de doctorado hay que alcanzar un mínimo de 300 créditos, de acuerdo con el Plan Bolonia. Por tanto, los grados tendrán una horquilla de entre 180 y 240 créditos, mientras que los másteres podrán llegar a los 120.

Frente a las advertencias de la Junta por las desigualdades a las que esta reordenación conllevarían, el Ministerio que dirige Wert recalca que los estudiantes se ahorrarán el pago de las tasas de un curso, con lo que ganarán un año para incorporarse al mercado laboral.

La reforma también ha sido contestada por el Consejo de Estado, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y por la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes, cuyo presidente, Fabricio Guido, ha alertado de que se ha ejecutado de forma "unilateral" y dejará una universidad "elitista". El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ahondó en esta línea al aseverar que "ataca la igualdad de oportunidades".

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