La Junta "planta cara" al Gobierno con su recurso contra la reforma local

No hubo negociaciones, no hubo diálogo, consenso cero, y el resultado de este desencuentro -otro más- entre la Junta y el Gobierno central se materializó ayer con el anuncio por parte del Ejecutivo andaluz de interponer en el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. De nuevo, la Junta remite al más alto órgano judicial español una norma estatal que considera "lesiva" para el modelo municipal consagrado en el Estatuto de Autonomía. La coalición de socialistas e IU que sostiene al Gobierno de Susana Díaz dará el refrendo a la iniciativa en el Parlamento, en un pleno específico que se celebra hoy.

El urdidor de este recurso, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, explicó ayer tras el Consejo de Gobierno que la Junta quiere "plantar cara" a una ley con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy persigue "más tutelaje, menos democracia y menos participación, así como anular las competencias exclusivas sobre régimen local recogidas en el Estatuto de Autonomía". Valderas achacó la falta de diálogo en exclusiva al Gobierno central, que a su juicio "ha impuesto" la norma.

En esa tesitura, la Junta no ha tenido otra salida que la del recurso ante el TC porque supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la comunidad autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo", según Valderas, para quien claramente se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas.

Valderas desglosó las cuentas del "impacto" que según la Junta tendrá la aplicación de la ley en la caja de la comunidad, obligada a afrontar más gastos al asumir las competencias de ayuntamientos que dejarán de recibir financiación. Serían algo más de 500 millones de euros distribuidos de la siguiente forma: 330 en educación, 162 en políticas sociales y 16 en transporte público.

El recurso de la Junta es el primero que presenta una autonomía contra la reforma local, y se centra en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que "alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución". La Junta estima que la ley diseñada por el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro deja a la mayoría de los ayuntamientos "sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones municipales".

En su rechazo a la reforma local, la Junta subraya que los municipios andaluces verán afectada su autonomía, ya que la ley acarrea "una recentralización y control por parte del Gobierno", de manera especial en las 691 localidades de menos de 20.000 habitantes (el 89,5% del total). El Ejecutivo autonómico lanza la voz de alarma al afirmar que estas pequeñas y medianas poblaciones, que en su conjunto superan los tres millones de personas, "podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones". Además, los 509 municipios de la comunidad autónoma de menos de cinco mil habitantes (66% del total) "quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".

Frente al argumento del Gobierno central, que apela al ahorro de 8.024 millones de euros que posibilitará la aplicación de la ley, la Junta considera que la reforma "pondrá en riesgo" alrededor de 40.000 puestos de trabajo en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de los servicios que, a su juicio, propicia. Para el Gobierno de Susana Díaz, los ámbitos de gestión más amenazados son educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo y consumo.

Además, con su recurso, la Junta quiere salvaguardar los cauces de participación y atención a las demandas vecinas. El Gobierno andaluz teme que la ley convierta a los ayuntamientos en meros gestores de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones, "instituciones que no son de elección directa".