La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesus Montero, mantiene que el nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal de la Junta estará listo antes de julio y espera recaudar más de 400 millones de euros en dos años y ha resaltado que en 2015 la Junta ha recaudado por actuaciones de control 387,9 millones de euros, con una media de 32 millones al mes, lo que supone cifra "extraordinariamente positiva", puesto que "no sólo se aflora sino también se previene".

La Consejería de Hacienda y Administración Pública extenderá a partir del próximo 1 de mayo la cita previa para todas las gestiones tributarias presenciales que pueden realizar los ciudadanos en la comunidad, lo que facilitará la atención sin esperas, ajustando los servicios a la demanda y apostando por la transparencia. Esta iniciativa, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, supone uno de los pilares de ese plan. Además aboga por una armonización fiscal que evite prácticas de dumping.

La consejera ha explicado en comisión parlamentaria que la prevención constituye "la mejor medida de lucha contra el fraude, de ahí la importancia de atender las autoliquidaciones y otros trámites". Además, ha indicado que se redoblarán los esfuerzos para acabar con prácticas fraudulentas "más sofisticadas" a través de una oficina técnica de apoyo integrada por técnicos de alta cualificación, y se intensificará el control del fraude de pequeñas cuantías con mejoras informáticas que permitan acceder a más información de contribuyentes.

La cita previa telefónica o por correo se implantó en 2007 y en 2015 se gestionó a través de la sede electrónica de la Agencia con la confección de autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones, información general y valoraciones complejas en sedes provinciales y Jerez, y el pasado verano se extendió a 91 oficinas liquidadoras de la Comunidad, incluyendo más servicios. Desde el próximo mes, la cita previa será el cauce prioritario para recibir asistencia en todos los centros y, además, se podrá acceder a través de dispositivos móviles, mediante una aplicación gratuita para teléfonos y tabletas. Las previsiones de la Consejería es que se gestionen este año más de 100.000 citas previas.

 Por otra parte, Montero ha aludido a la necesidad de avanzar en la concienciación del valor social de los impuestos, para lo que anunció la puesta en marcha de una campaña de difusión para aumentar el sentido de la responsabilidad hacia lo público a través del pago de tributos "en función de la capacidad de cada familia". El objetivo, es "que los impuestos no se perciban como algo negativo, si no como lo que vertebra a una sociedad solidaria, porque nos hace a todos iguales".

Durante su intervención, Montero se ha referido a las "limitadas competencias" de la Comunidad en la lucha contra el fraude, ya que solo puede ejercer un control sobre tributos propios y cedidos, de modo que sus actuaciones contra el fraude solo pueden aplicarse sobre el diez por ciento de los ingresos financieros del presupuesto autonómico. No obstante ha explicado que entre 2013 y 2015 se han recaudado más de 500 millones de euros gracias al primer plan de lucha contra el fraude de la Junta, a los que se suman 190 millones más por otras vías de procedimientos, de forma que en total se han aflorado 700 millones "por la labor de la Agencia e ingresados en las arcas publicas".

Respecto a la recaudación por actuaciones de control realizadas en 2015, la consejera ha explicado que han supuesto un ingreso de 387,9 millones de euros, con una media de 32 millones al mes, correspondientes  al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y los tributos sobre el Juego, que representan el 75 por ciento de lo recaudado. Ha explicado que otro diez por ciento de la recaudación procede del impuesto de depósitos de clientes de entidades bancarias.

La consejera también se ha referido a las actuaciones que realiza la Agencia para la recaudación de tributos propios, que ha crecido un seis por ciento entre 2012 y 2015. En 2015, la Agencia tributaria andaluza emitió 217.158 liquidaciones, confeccionó a demanda de contribuyentes 139.758 autoliquidaciones, otras 38.917 de la campaña de IRPF, realizó más de 20.000 inspecciones y 4.500 requerimientos individualizados.

La consejera ha destacado la importancia del plan de lucha contra el fraude, especialmente ante los casos de corrupción y evasión fiscal y la preocupación ciudadana en ese sentido.

Asimismo, ha resaltado la labor de los 680 profesionales de la Agencia Tributaria andaluza, "con altísima cualificación" y que están desarrollando "un trabajo inteligente para prevenir y perseguir el fraude, capaces de sortear recursos, peticiones de fraccionamiento, que nos alejan de la cifra que se podría recaudar, pues además la defensa jurídica del administrado se alarga hasta la eternidad".

El diputado del PP Guillermo García de Longoria, que reconoce las "limitadas competencias" de la Junta, cree que "es obligación de la Junta atacar ese engaño" pero cree que el Gobierno andaluz "no hace todo lo que debería hacer" y debe "reforzar el control sobre los tributos cedidos". Considera que "existe vacío normativo, que favorece el fraude, y lo que se dice es más promesa que realidad, son más nubes que tierra". "No sólo hay que hacer que se pague sino que se pague lo que corresponda a cada uno", ha aseverado el diputado del PP, quien considera que el fraude fiscal "es una forma de corrupción" y aboga por luchar también "para conseguir el acceso a ayudas públicas a las personas que realmente lo necesitan, acabando con ese tipo de fraude".

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha alertado de que actualmente "nos encontramos con un bucle recortes-recesion, que es necesario racionalizar, entre otras medidas, a través de la lucha contra el fraude fiscal". No obstante, considera que existen "bajos niveles de eficacia en la persecución del verdadero fraude fiscal". Lizárraga también ha alertado de la economía sumergida y ha propuesto un plan integral de lucha el fraude fiscal, que supone "salir todos ganando", así como avanzar hacia una "transparencia bancaria".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White considera que las medidas "no son suficientes" y aboga por "incentivar el crecimiento económico y que la gente no se vea abocada a la economía sumergida". Asimismo, ha alertado de dumping fiscales y también del "fraude en los fondos europeos" y pide dureza "especial" y que la Administración "sea implacable". Ha agregado que "existe una percepción de que se pagan muchos impuestos, que hay despilfarro y falta de control", ante lo que Ciudadanos ve que el sistema "está mal diseñado, pues la recaudación no es tan elevada y existen muchas exenciones y deducciones, en muchos casos no justificadas". Hernández White considera que "el reparto en impuestos se concentra en asalariados y es poco equitativo".

La diputada de IU Elena Cortés ha alertado de la economía sumergida y ha planteado una reducción de la economía sumergida en tres puntos anuales, en colaboración con la Agencia Tributaria estatal. Cortés considera que el actual sistema "deja desprotegidos a la parte más vulnerable de la sociedad andaluza", toda vez que "la progresividad fiscal se ha fulminado por los distintos gobiernos", apuntando además que "para cualquier asalariado  cualquier atisbo de evasión fiscal es imposible". El diputado del PSOE Jesús María Ruiz considera que "la verdadera reforma estructural es la lucha contra el fraude fiscal" y una "mejor distribución del esfuerzo fiscal", tras lo que ha criticado las políticas fiscales del "glorioso Mariano Rajoy".