El Gobierno de la Junta ha comenzado ya a reordenar el Presupuesto para atender a los gastos derivados de la crisis del coronavirus. El resultado es la creación del Fondo de Emergencia Social y Económica con una dotación de 700 millones de euros, según ha adelantado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión del control al Gobierno en el Parlamento. 

Ese fondo es un desarrollo del fondo inicial de 100 millones que la Consejería de Hacienda dispuso al inicio del brote para atajar la crisis sanitaria con los fondos propios de la Administración regional. Inicialmente sólo estaba previsto utilizar este dinero para los gastos de la Consejería de Salud, pero con la ampliación del montante se incluye toda la acción gubernamental de la Junta de Andalucía. 

El titular de Hacienda, Juan Bravo, detallará próximamente cómo se han reorganizado las partidas para disponer de estos 700 millones. La cantidad es ínfima si se tiene en cuenta que las cuentas autonómicas que entraron en vigor el pasado 1 de enero alcanzan los 38.540 milones de euros. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de esa cantidad se va en el pago de nóminasa los trabajadores públicos andaluces, 100.000 de ellos del sector sanitario. 

La última previsión realizada por el Gobierno andaluz sobre el gasto sanitario que supondrá esta crisis provocada por el SARS-CoV-2 ronda los 1.800 millones de euros. El mencionado fondo no llega ni a la mitad de esta cantidad, pero en San Telmo están pendientes del dinero que el Ejecutivo central se ha comprometido a repartir entre las regiones. De momento han llegado otros 100 millones, 44 para gasto sanitario y 56 del fondo social para menores y familias vulnerables.

Todavía no se ha cerrado el reparto de los 16.000 millones que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a distribuir entre los territorios en los próximos meses para atajar la crisis. 10.000 de estos millones serán íntegramente para gasto sanitario, aunque llegarán en dos tandas, una con 6.000 millones y otra con 4.000. La intención inicial del departamento de María Jesús Montero es que la incidencia del virus sea el principal criterio de reparto, pero varias comunidades, entre ellas Andalucía, han rechazado la fórmula por considerar que se ha producido un "agravio" por no atender a la población como el criterio más importante en el reparto de los fondos.

Los otros 6.000 millones de euros se dividen entre 1.000 millones para gasto social y otros 5.000 para paliar el descenso de los ingresos fiscales, que son, en realidad, la principal fuente de financiación de las comunidades autónomas. En Andalucía todavía no se ha realizado una cuantificacion de la caída de ingresos, pero es una de las preocupaciones del Gobierno de PP y Ciudadanos. "Puede ser la mayor crisis económica de la historia andaluza", apuntan fuentes cercanas al Ejecutivo.