La Junta de Andalucía acude a los tribunales para paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, firmó este martes la orden para que el Gabinete Jurídico de la Junta interponga un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Gobierno central de evaluar de forma conjunta el proyecto de almacenamiento de gas promovido por Gas Natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana. Como medida cautelar, la Administración regional solicita también la suspensión de los trabajos ya iniciados en el cuadrante de Marismas Occidental, uno de los cuatro subproyectos en los que se divide la iniciativa.

"Hemos tomado esta decisión al no haber recibido respuesta del Gobierno central", señaló el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno junto al vicepresidente regional, Manuel Jiménez Barrios. La reclamación de la Administración regional se sustenta en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del CSIC en Andalucía, que apunta que el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución, según el Gobierno andaluz.

La Administración regional también esgrime un informe del Instituto Geológico Minero de España, "del que se desprende que la empresa promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones en el caso del subproyecto Marimas Occidental", sostuvo Juan Carlos Blanco, que incidió en que el gabinete jurídico debe decidir aún ante qué instancia judicial se interpondrá el recurso.

Los cuatro subproyectos en los que se divide la iniciativa de Gas Natural (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar), cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables por la administración central. No obstante, la Junta considera que estas evaluaciones por separado no han abordado suficientemente los riesgos del almacenamiento, por lo que reitera su exigencia de que se acometa en un trabajo único.

La acción legal de la Junta se dirige en contra de la administración central y no de la empresa. Ésta, a su vez, presentó una reclamación patrimonial por la que exige al Gobierno de Susana Díaz una indemnización de 358 millones por su decisión de denegar la Autorización Ambiental Unifical a los tres subproyectos pendientes de ejecutar pese a que se la había concedido ya a Marismas Occidental. Precisamente, la Comisión Europea admitió la semana pasada en el Europarlamento que no podía actuar porque ya estaba activo este proceso judicial. Por eso animó a los interesados en frenar el almacenamiento a acudir a la justicia. " "La Comisión desmiente rotundamente a la ministra Isabel García Tejerina, cuando decía que la responsabilidad estaba en manos de la Junta. Ahora los tribunales dirán quién tiene la razón", subrayó Manuel Jiménez Barrios.