El Consejo de Gobierno de la Junta dio ayer luz verde al proyecto de Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, la primera en España de estas características y un mandato recogido en el Estatuto andaluz. Al igual que ocurrió en octubre en la presentación del anteproyecto, las dos principales organizaciones de profesionales, UPTA y ATA, se quejaron de la falta de diálogo con la Junta en el nacimiento de la ley, si bien ahora de un modo menos agresivo y sin amenazas de recursos judiciales. La Junta se comprometió entonces a negociar con todas las organizaciones, pero la opinión de éstas es diametralmente opuesta.

UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía, lamentó ayer la presentación del proyecto "sin ni tan siquiera informar a las asociaciones de trabajadores autónomos del contenido del mismo", algo que, a su juicio, "es el reflejo del distanciamiento del Gobierno andaluz de los 470.000 autónomos andaluces".

ATA, por su parte, consideró que esta incomunicación demuestra "la total falta de sintonía del Gobierno del señor Griñán con los trabajadores autónomos de Andalucía, para los que se esconde". Se da la circunstancia de que representantes de UPTA se reunieron ayer con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, al igual que la semana pasada lo hizo un colectivo de la asociación ATA.

Tanto la ley de autónomos como la Ley de Turismo de Andalucía, presentada por el consejero de Turismo, Luciano Alonso, serán remitidas ya al Parlamento, que habilitará un Pleno extraordinario en julio para que, sobre noviembre, ambas leyes puedan aprobarse.

La principal novedad de la ley de autónomos consiste en que dotará de rango de ley al conjunto de medidas de apoyo que ya están en marcha, sin que la norma suponga necesariamente nuevos incentivos.

Esta ley contemplará un plan estratégico para los autónomos cada cuatro años que será evaluable. Regulará los incentivos y planes de conciliación, creará el distintivo andaluz al trabajo autónomo de excelencia (que premiará casos individuales) y creará un Registro de Asociaciones de Autónomos y un Consejo Andaluz del Trabajador Autónomo. La norma arbitrará además un sistema extrajudicial de conflictos. En Andalucía hay más de 469.000 trabajadores por cuenta propia.