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Granada

La Justicia condena a pagar otros 2 millones por el Centro Lorca

  • El Juzgado de lo Contencioso reconoce el derecho de la empresa constructora a cobrar un millón de euros por los sobrecostes de la obra y otros 905.303 euros de intereses de demora

Ferrovial fue la empresa encargada de la construcción del edificio de la Plaza Romanilla.

Ferrovial fue la empresa encargada de la construcción del edificio de la Plaza Romanilla. / G. H.

El Consorcio Federico García Lorca tendrá que asumir el pago de otros 2 millones de euros arrastrados de las obras del edificio construido en Granada para albergar el centro cultural dedicado al legado del poeta. Un juzgado granadino de lo contencioso-administrativo acaba de condenar a este órgano gestor el abono de más de un millón de euros por los sobrecostes, más otros 905.303 euros de intereses de demora.

El Consejo Rector del Consorcio, formado por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, desestimó el 19 de junio de 2017 la reclamación presentada por la empresa constructora, Ferrovial Agroman SL, que había tramitado su petición por la vía administrativa antes de iniciar el pleito judicial para pedir los importes de los sobrecostes de la obra no abonados y sus intereses.

Mediante una sentencia que ha sido notificada esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital ha estimado la reclamación presentada por la mercantil adjudicataria de las obras.

El principal motivo de desencuentro entre las partes son los intereses de demora, dado que se trata de una deuda de largo recorrido que las administraciones se comprometieron a asumir en 2015, año en que saltó la polémica por los sobrecostes y Ferrovial paralizó la terminación de las obras hasta que no se pagara una parte y hubiera un compromiso firme de abono del resto.

Los añadidos económicos de una obra que al final ha superado los 18 millones de euros, llegaron a rondar los 5 millones. Esa cantidad, que fue un enorme escollo para la terminación del edificio y la entrega de las llaves en 2015, fue finalmente asumida mediante un nuevo reparto de ablaciones económicas de las instituciones implicadas en el proyecto.

El problema es que no se puso todo el dinero de golpe para pagar, sino que algunas de las instituciones dejaron el abono pendiente, hasta el punto de que el mes pasado aún había algunas cantidades en el aire.

Un documento del área de Cultura del Ayuntamiento, en respuesta a una pregunta del grupo municipal del PP de este pasado enero, recogía que, según la contabilidad del Consorcio Lorca, aún quedan pendientes de pago 414.337 euros correspondientes a facturas de Ferrovial. Pero además había que sumar otros 681.645 euros que la empresa constructora aún no había facturado. Estas cantidades coinciden exactamente con los 1.096.021 euros que la sentencia judicial reconoce ahora a la constructora como deuda pendiente de tiene derecho a cobrar del Consorcio Federico García Lorca.

Ahora bien, el Consejo Rector reunido en junio de 2017 rechazó abonar también los intereses de demora a Ferrovial, una cantidad que la empresa estimaba próxima al millón de euros. El órgano gestor del Centro Lorca consideró que se anulaba esa parte “al haberse producido la subrogación y reconocimiento del principal”.

Pero el juzgado que ha llevado este litigio planteado por la constructora, le reconoce ahora el derecho a cobrar 905.303 euros de intereses, lo que supone una cantidad que roza el mismo montante de la deuda real.

Aunque la demora en los pagos y, por tanto, los intereses reconocidos por la jueza, se deben a los retrasos de alguna de las partes –en especial el Ministerio de Cultura–, la sentencia no distingue nada en ese sentido y condena al Consorcio de forma genérica.

En la contabilidad del órgano colegiado de enero pasado figuraba que tenía 393.382 euros de saldo en el banco, aunque 106.000 estaban destinados a la liquidación de la encomienda de la Fundación García Lorca (un proceso que permitió la llegada del Legado del poeta el año pasado a Granada) y otros 126.734 también estaban comprometidos para diversos pagos, por lo que el único remanente era de 160.000 euros.

La condena judicial obligará ahora a hacer un nuevo esfuerzo económico, aunque la sentencia puede ser recurrida en apelación en el plazo de 15 días.

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