El cerco judicial sobre el desarrollo urbanístico de Rota (Cádiz) se estrecha cada vez más. A la reciente imputación de la alcaldesa, Eva Corrales (PP), y de su predecesor en el cargo y actual socio de gobierno, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, hay que sumar sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz que anulan el estudio de detalle de una unidad de actuación ubicada en la avenida de la Libertad y el convenio urbanístico que permitió la construcción del aparcamiento subterráneo de La Merced, en la calle Álvaro Méndez.

Aunque estos tres procedimientos judiciales son independientes entre sí, se da el caso de que en todos ellos está presente la figura de Felipe Castellano, un constructor de la localidad que está imputado en la misma causa que Corrales y Sánchez Alonso y cuya empresa, además, figura como beneficiaria de los acuerdos urbanísticos con el municipio que ahora han sido anulados por los tribunales.

La diferencia en estas causas está en la parte demandante, ya que la imputación de la alcaldesa y de su predecesor tiene su origen en una denuncia que el PSOE de Rota trasladó meses atrás a la Fiscalía Anticorrupción mientras que las dos sentencias por la vía de lo contencioso-administativo son consecuencia de sendos recursos formalizados por la promotora Edesur, que entendía que sus intereses se veían perjudicados por la supuesta connivencia entre el Ayuntamiento y Promociones Castellano.

Las sentencias que anulan el estudio de detalle de la UA-11-A del PGOU de Rota (una manzana de casi 22.000 metros cuadrados ubicada en la avenida de la Libertad) y el convenio del aparcamiento de La Merced -no desveladas hasta ahora- son firmes y contra ellas, por tanto, no cabe ya recurso alguno.

En el primer caso se está a la espera de que el TSJA fije las diferentes salidas que tiene el Ayuntamiento para ejecutar la sentencia, que podría llegar incluso a la demolición de los bloques de viviendas que ya están construidos. Y en lo referente al aparcamiento subterráneo, el Juzgado de la capital gaditana ha rechazado ya los argumentos municipales de que la sentencia es inejecutable, abriendo por el contrario un abanico de opciones para cumplir el fallo que giran todas en torno a indemnizaciones, compensaciones y expropiaciones que sin duda debilitarían las arcas municipales.