El ex viceconsejero de la Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano ha presentado un recurso de revisión contra el embargo decretado por la juez Mercedes Alaya por importe de 46,6 millones de euros, en el solicita que se acuerde la suspensión de esta medida debido a la "tardanza excesiva" del juzgado en tramitar sus recursos contra la imputación en la causa de los ERE fraudulentos y contra la imposición de la fianza civil por este importe.

En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el abogado José María Mohedano, que representa al ex alto cargo de la Junta, critica la "tardanza y retraso" con los que la instructora ha trasladado a la Audiencia de Sevilla los recursos presentados, lo que ha motivado que incluso siete y nueve meses después de presentarlos "todavía no han podido ser resueltos por la Sala precisamente como consecuencia de este retraso".

Mohedano explica que a fecha de hoy aún está pendiente de resolver por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla el recurso que presentó contra el auto de 28 de junio de 2013 -en el que Alaya imputó a Lozano y otros 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos la ex consejera Magdalena Álvarez-, como consecuencia de que "sigue sin recibirse por la Audiencia Provincial la información requerida en tres ocasiones al juzgado".

La defensa recuerda que aunque la ejecución de la medida cautelar de la fianza no queda suspendida "en circunstancias normales" por la interposición de los recursos contra el auto de imputación, si en la tramitación del recurso de apelación se producen "dilaciones indebidas e injustificadas, estas circunstancias pueden y deben dar lugar a la suspensión de la traba de bienes hasta que se resuelva el recurso de apelación" por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla. La "tardanza excesiva" desde que el auto del 28 de junio de 2013 para que la Audiencia pueda resolver el recurso constituye, continúa Mohedano, "un vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que garantiza a todas las personas un proceso sin dilaciones indebidas sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

La defensa advierte "la misma clase de tardanza" en el recurso contra el auto del 20 de septiembre, en el que se le impuso la fianza de 46,6 millones, y que no fue elevado a la Audiencia hasta el 25 de febrero, cinco meses después de presentarse, por lo que solicita al juzgado que "suspenda el embargo" de los bienes.