El fiscal retiró ayer la totalidad de los cargos contra 18 acusados en el caso Troya contra la corrupción político urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), de modo que sólo han quedado en el banquillo de este macroproceso dos personas: el alcalde del municipio, Juan Martín Serón (PP) y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El Ministerio Público ha elevado a dos millones las multas que exige a ambos por soborno, pero ya no les acusa de prevaricación ni les exige penas de cárcel. A Martín Serón le reclama ahora tres años y nueve meses de suspensión para cargo público y dos millones de multa por 13 delitos de cohecho, en lugar de los cuatro años y medio de cárcel, 19 años de inhabilitación y 500.000 euros de multa por dos delitos de prevaricación omisiva y cinco de cohecho que solicitaba antes.

Las conclusiones definitivas se han cambiado también para Guerra, que ahora se enfrenta a dos millones de multa y tres años y nueve meses de suspensión por 13 delitos de cohecho, en lugar de los siete años de cárcel, 21 de inhabilitación y el millón de multa que le exigía antes el fiscal por 11 delitos de cohecho y 14 contra la ordenación del territorio que se exigían en las conclusiones provisionales formuladas en marzo de 2010.

El cambio tiene lugar por una nueva interpretación de los acontencimientos. La Fiscalía consideraba antes que en Alhaurín el Grande se pedía dinero por licencias ilegales (delito de cohecho del artículo 419 del antiguo Código Penal) y ahora, en cambio, observa que se exigían sobornos por licencias legales (delito de cohecho del artículo 429 del Código Penal Anterior). En estas circunstancias los empresarios se veían impelidos a pagar "para evitar problemas" a sabiendas de que en caso contrario sus intereses se verían perjudicados por "trabas y retrasos".