El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene una forma muy particular de hacer amigos. Ahora ha enfadado a las comunidades autónomas cuyos gobiernos respaldan la Constitución y la aplicación del artículo 155 como medida transitoria para resolver la rebelión institucional en Cataluña. Todas han protestado, aunque las dirigidas por presidentes del PP lo han hecho con la boca pequeña. Donde no se ha oído una voz ha sido en el País Vasco y en Cataluña. En la primera, porque gozan de un régimen fiscal especial y, en la segunda, porque no hay Govern. La razón del enfado es que Montoro ha retenido los 4.230 millones de euros que las comunidades iban a recibir adicionalmente en 2018 gracias a la recuperación económica. Se tratan de entregas a cuenta, no afectan a los presupuestos autonómicos en sí, pero sí a la liquidez. La excusa es que no hay Presupuestos de 2018 y, por tanto, no cabe esta novedad, aunque en la Junta de Andalucía desconfían, incluso, de que el ministro pueda realizar esta retención, puesto que los ingresos autonómicos provienen directamente de la recaudación de los impuestos, no de la ley estatal que rige las cuentas anuales. Es un matiz que se deriva de la autonomía financiera de las comunidades; si no fuese así, los territorios estarían sujetos al devenir de la política nacional con independencia de la estabilidad de sus parlamentos.

A ello se añade, además, que el Ministerio de Hacienda comunicó a varias regiones -entre ellas, Andalucía- que está de acuerdo con el cálculo de aplicación que han hecho de la regla de gasto. Esta norma pretende evitar que los presupuestos de gastos habituales no se exceda de un tope, aunque haya ingresos suficientes. El sobrante, según la regla, sólo se debe destinar a pagar deuda y a reducir el déficit. Este procedimiento es similar al que Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid, al que le retuvo las cuentas durante dos semanas hasta que rectificó en la aplicación de la regla. De momento lo que ha hecho es avisar a las comunidades, aunque los presupuestos anuales ya están aprobados.

Hacienda también ha enviado avisos por incumplimiento de la regla de gasto

Como consecuencia de la mejor económica, las autonomías tendrá en 2018 esos 4.230 millones de más; es un cálculo que puede ser corregido después con una liquidación posterior, pero se trata de una buena previsión, según las autonomías. Pero Montoro, por sorpresa, anunció el martes pasado que las alegrías quedaban retenidas porque no haya apoyos en el Congreso para el Presupuesto. El Gobierno intenta, de este modo, presionar al PSOE de Pedro Sánchez para que aprueben las cuentas, pero esto se antoja ahora del todo imposible. Es más, Montoro confeccionó las cuentas de acuerdo con las peticiones de sus aliados distintos a los socialistas: Ciudadanos y el PNV. La formación de Albert Rivera sigue con su compromiso, pero los nacionalistas vascos se han retirado hasta que no se despeje un poco más el asunto catalán. Ya se llevaron un buen bocado del Presupuesto de 2017, que contemplaba más inversiones en Euskadi, pero es que, además, acaban de desbloquear el Concierto Vasco con la aprobación adicional de un Cupo extremadamente generosos con la comunidad foral. Mientras esté en vigor la aplicación del artículo 155, el Gobierno de Urkullu no dejará al PNV aprobar las cuentas. Y eso complica mucho la situación de Mariano Rajoy.

Las elecciones del 21 de diciembre no salieron como los constitucionalistas deseaban, Ciudadanos fue el partido más votado y el voto sumado superó al de los independentistas, pero son estos partidos los que pueden formar Gobierno. Y, de momento, no ha cambio de estrategia, de un modo u otro se está imponiendo la tesis de Carles Puigdemont y éste no se va a salir del guión de la república. Si fuese así, el artículo 155 de la Constitución debería prorrogarse, con lo que el PNV no se sumaría a los aliados del PP en el Congreso. De este modo, sin los vascos y sin los independentistas catalanes, Montoro ha optado por presionar a las comunidades socialistas para que, a su vez, trasladen su preocupación a la dirección de Ferraz.

En el Gobierno andaluz opinan que Montoro no va a conseguir ese objetivo, pero entienden que su estrategia es la de complicar la imagen de los socialistas, a quienes siempre podrían señalar como culpables de la parálisis, aunque ésta se deba a la falta de compromiso de sus aliados vascos. Para la Junta, la retención de Montoro es de 805 millones de euros. Se comunicó por carta el martes pasado. El Ministerio de Hacienda deberá pagar esta cantidad adicional a lo largo de este año o arbitrar otras líneas de tesorería.

Pero a todo ello se añade un tercer factor, el más grave de todo: la reticencia del Gobierno central a negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. A pesar de los anuncios realizados desde Madrid, parece claro que el Ejecutivo de Rajoy sólo está mareando la perdiz. Primero solicitó un consenso anterior a la negociación y ahora se escuda en que no hay dirigentes en la Generalitat. De este modo, se volvería a castigar a presidentes leales a causa de decisiones de quienes siempre han sido reticentes con la Constitución. O se la han saltado. El actual modelo ha caducado, y es especialmente perjudicial para territorios como Valencia y Andalucía. En Valencia hay un problema que amenaza con convertirse en institucional y social. Como en Baleares, pero eso no parece preocupar al Gobierno, que estaría más preocupado en rebajar el déficit para salir este año del expediente de desajustes excesivos de la UE. Un nuevo modelo supondrá, sea cual sea el acuerdo, una mayor aportación del Estado para las comunidades.