Montoro suavizará el déficit a las autonomías si Bruselas da margen

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, protagonizó ayer un gesto que puede aliviar la comprometida agenda de las comunidades autónomas para este año. Confirmó por primera vez desde que se conocieron las cifras de déficit del pasado año que, si Europa le da el visto bueno, negociará con las comunidades la revisión del reparto del objetivo de déficit. Los nuevos objetivos de déficit se fijaron en julio en un 3,8% para la Administración central, un 0,7% para las comunidades autónomas y un 0,0% para las corporaciones locales. Muchas comunidades se han quejado del desigual reparto cuando son ellas las que ofrecen servicios básicos a los ciudadanos como la educación o la sanidad. En Cataluña, los socios de Gobierno de CiU, ERC, han vinculado su apoyo a los Presupuestos a que se variase esa cifra. Andalucía también lleva meses reivindicando esta modificación, entre otras propuestas, y así lo reiteró ayer en sesión plenaria la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

No obstante la consejera andaluza no se refirió al anuncio que horas antes hizo su homólogo en el Gobierno. Porque la voluntad de Montoro es por el momento un deseo. Primero Eurostat debe confirmar las cifras del Estado del año pasado. Entonces la Comisión Europea flexibilizará el déficit para el país, como anunció el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. Y entonces el Gobierno negociaría con las comunidades autónomas, explicó Montoro en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno a preguntas del socialista Francesc Vallés.

El ministro confirmó que en cuanto Bruselas confirme el déficit que deberá cumplir España, Hacienda negociará con las autonomías. Montoro censuró que el PSOE ponga "en cuestión" el cumplimiento del déficit por las autonomías, que lo han reducido a la mitad de un año a otro hasta dejarlo en el 1,7% de media en 2012 (el objetivo era el 1,5%). "¿No le parecer enormemente positivo para el Estado de las autonomías, para demostrar que España es un país fiable y gobernable? ¿Eso está criticando?", inquirió el ministro.

Similares argumentos se reprodujeron en la batalla dialéctica entre la consejera andaluza de Hacienda y el diputado popular José Antonio Miranda en la sesión plenaria del Parlamento andaluz. Aunque con los papeles cambiados, porque el PSOE gobierna y el PP hace de oposición.

Martínez Aguayo reprochó al PP que recrimine a la Junta la desviación del objetivo del pasado año por terminar con un 2,02, medio punto por encima del límite. La consejera reprochó a los populares que vaticinen nuevos recortes, les garantizó que no los habrá y les dio a entender que existe un pacto con Montoro. "Son los únicos que están metiendo el dedo en el ojo. No habrá más medidas de ajuste en 2013 que agudicen la recesión. Más lealtad al Gobierno de España y vamos a poner en valor el esfuerzo colectivo de lo que hemos conseguido", sostuvo Aguayo.

La consejera hilvanó este mensaje con otros más mordaces, como cuando acusó al Gobierno de "apretar el cuello a los andaluces" con sus políticas.

La consejera volvió a reiterar que no habrá "despidos masivos" en las empresas públicas, víctima propicia donde meterían la tijera los populares. Aguayo defendió que el 83% del gasto de estas empresas es social, con hospitales, el Infoca o la Agencia de la Dependencia, y rechazó que sea "un cortijo de enchufados de la izquierda", con sus 25.000 empleados (externos, no funcionarios o personal laboral). "Ustedes lo que proponen es echarlos a la calle y privatizar. No lo vamos a hacer", aseguró Aguayo, que aludió a los despidos de empleados públicos en Castilla-La Mancha como "una enorme diferencia" de hacer las cosas.

El diputado de IU, Ignacio García, volvió a manifestar la postura de su grupo de minimizar el cumplimiento del objetivo de déficit.

En una sesión marcada por la ausencia de más de la mitad de los miembros del Gobierno, incluido el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el escándalo de los ERE volvió a la contienda política. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, garantizó que la Junta está haciendo todo lo que está en su mano para recuperar el dinero defraudado. El Partido Popular cuestionó ese esfuerzo.