El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, imputado por el denominado caso Saqueo II, derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999, declaró ayer en la segunda sesión del juicio que firmó su "sentencia de muerte" en 1993, cuando entró en la corporación municipal de la mano de Jesús Gil y Gil. "Desde que entré en la corporación municipal con Gil en el 93, firmé mi sentencia de muerte, porque lo firmaba todo", declaró Muñoz.

El ex alcalde volvió a reiterar que en el momento en que se convirtió en presidente del consejo de administración de casi todas las sociedades municipales creadas para desviar fondos del Ayuntamiento de Marbella no tenía "ningún conocimiento contable", y agregó que conoció la existencia de las sociedades en el momento en el que le "meten en el consejo". Muñoz volvió a insistir en que su cargo era "político e institucional", en que no administró "ninguna" de las sociedades municipales y en que se negó a firmar las cuentas a partir de 1996 porque dejaron de presentárselas. Su defensa le enseñó una serie de documentos relacionados con las sociedades, en los que Muñoz no reconoció su firma, pero sí la de algunos de los imputados.

Asimismo, el ex primer edil de Marbella afirmó que rubricaba todo tipo de documentos porque "nadie ponía reparos". "El interventor, muchas veces, casi nunca ponía reparos. Los reparos aparecían a la semana, al mes, al año", destacó Muñoz, para insistir en que el interventor del Ayuntamiento ponía reparos "a toro pasado".

Por otra parte, el ex alcalde se refirió a la sociedad municipal Difusión y Comunicación 2.000 SL, de la que reconoció haber sido presidente. Sin embargo, Muñoz recalcó que "jamás" administró "ni un solo céntimo". "Yo creía que entendía de televisión, pero no sabía nada", añadió.

Por su parte, el ex primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, secundó la versión de que el ex alcalde Jesús Gil era quien tomaba todas las decisiones económicas en el consistorio. Román fue interrogado ayer por la fiscal, que le pide 11 años de cárcel por prevaricación. Román, quien muchas veces tuvo que firmar en lugar de Gil porque éste era el "alcalde ausente", afirmó que "en temas económicos el único que disponía era el alcalde" y puntualizó que "ninguno de los concejales tenía capacidad para disponer, porque si no duraba cinco minutos en el Ayuntamiento". Él se "limitaba" a firmar centenares de documentos que le ponían sobre la mesa por decisión de Gil y también del abogado y asesor de este último, José Luis Sierra.