Las cárceles andaluzas carecen de atención sanitaria especializada, los pocos reclusos contratados cobran a un euro la hora y muchos de ellos cumplen condena lejos de su provincia de origen, el llamado "desarraigo". Pero sobre todo, el hacinamiento es "muy superior" al de 1996. Las cíclicas quejas de las ONG andaluzas ante el estado de las instituciones penitenciarias vuelven a tomar forma en el documento que han remitido al Comité de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a la versión del Estado.

El próximo 17 de octubre, España comparecerá en Ginebra ante el plenario del comité para presentar el quinto informe sobre la garantía a los derechos humanos en el país, 12 años después de su última intervención. Las autoridades españolas enviaron el texto en diciembre del pasado año y éste será contrastado con las observaciones de las organizaciones sociales. El documento enviado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) discrepa en inmigración y en lo relativo a la privación de libertad.

En este último apartado, la Apdha rechaza el texto del Estado donde afirma que "se ha desarrollado un proceso de apertura de las prisiones a la sociedad" y que en prestación sanitaria "se garantiza una atención equivalente a la dispensada al conjunto de la población". La ONG replica que ha conseguido entrar en Sevilla II y Granada, pero no en otras cárceles de Cádiz, Huelva y Córdoba, en éste último solicitando permiso hasta en tres ocasiones. La negativa del centro cordobés la justifica la Apdha en las "reiteradas denuncias de trato inhumano formuladas publicamente por la asociación", que detallan en las observaciones remitidas al comité.

En el ámbito sanitario, la asociación cifra en un 50% las pérdidas de citas médicas con especialistas cuando son derivados por los médicos de las cárceles, de atención primaria, a causa de la falta de coordinación para salir de la cárcel. El Ministerio de Justicia ostenta las competencias sobre las instituciones penitenciarias y las comunidades esperan, desde 2004, el traspaso de la atención médica.

A estos temas exclusivos de las cárceles andaluzas, Apdha suma la extensión a los menores del sistema de mayores o la imprevisión en el diseño tipo de las nuevas instalaciones penitenciarias, "con materiales de construcción para acoger el calor que obvian las temperaturas de 45 grados del sur". El Comité en 1996 ya criticó "las malas condiciones reinantes en la mayoría de las cárceles, debidas en general al hacinamiento".

La saturación de la población reclusa la comparten otras ONG que han remitido sus observaciones a la ONU. Si en 1996, las cárceles albergaban a 44.312 personas, en julio de 2008 son 69.156 presos, un 56% más. De ellos, 15.000 son andaluces. Los delitos de tráfico y la violencia de género van a incrementar las estadísticas, según el Gobierno, que el martes aventuró la necesidad de construir más prisiones.