El paso dado por el Gobierno central de prolongar el subsidio para los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones sirvió ayer de argumento a PP e IU para plantear una nueva exigencia a la Junta: que ponga en marcha la ayuda prometida a las familias andaluzas con todos sus miembros en paro y en las que ya no hay ingresos de ningún tipo. Poco se sabe de este compromiso estrella del discurso de investidura de José Antonio Griñán como presidente andaluz, y que luego formó parte del acuerdo anticrisis alcanzado en junio en el Parlamento, a pesar de que se cuentan ya por miles las familias afectadas. Más de 122.000 en paro -entre 25.000 y 30.000 sin ninguna percepción económica-, según los cálculos de la propia Junta, y 292.300, según el PP.

Lo que se conoce de esta nueva ayuda, que sería complementaria a la del Gobierno central, es que supondría por parte de los beneficiarios una contraprestación. Se les entregaría un dinero a cambio de que sus integrantes entren en itinerarios formativos, es decir, se trataría de una formación remunerada y dirigida a favorecer su recuperación en el mercado de trabajo, por lo que los cursos estarían orientados a sectores económicos emergentes, como el de la dependencia.

Desde un principio, la Junta ha querido desvincular este subsidio -en el que están implicadas las consejerías de Economía, Empleo e Igualdad y Bienestar Social- de las medidas que puedan incluirse dentro del concepto de salario social o renta básica, por estar estos relacionados más a situaciones de exclusión social. De hecho, son dos los perfiles que se manejan del parado andaluz sin subsidio: mujer dedicada del sector servicios, y hombre, del sector de la construcción, con una edad de entre 30 y 44 años. De ahí que la idea sea que se reciclen en otros sectores y pasen a ser rentas activas, algo que viene a coincidir en parte con los programas Memta y Proteja -sólo en 2009 han supuesto 460 millones-, de los que ya se anunciado que tendrán continuidad en 2010.

Pero hasta que no entre en marcha este compromiso presidencial, la reacción de la oposición es la de preocupación. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó la inacción del Ejecutivo autonómico ante una realidad que en sólo un año se ha disparado. "Hoy por hoy, tenemos que denunciar que el número de familias con todos sus miembros en situación de desempleo creció un 74,67% en el último año", afirmó Sanz, que anunció que no sólo meterá prisa en septiembre a Griñán con esta medida, sino que también se le reclamarán reformas en profundidad en las políticas activas de empleo y programas para el fomento del empleo.

A su juicio, ni Junta ni Gobierno están dando respuestas eficaces a un problema que encabeza el ranking de las preocupaciones de los andaluces, aunque no dejó de apoyar, eso sí, con reservas, el "nuevo parche" aprobado en el último Consejo de Ministros que beneficiará al menos a 70.000 andaluces -según las cifras que maneja la Consejería de Empleo-.

La clave del retraso de este compromiso de Griñán está para IU muy vinculada a la Ley de la Renta Básica. Según el portavoz económico de esta formación en el Parlamento, Pedro Vaquero, el Gobierno autonómico tiene problemas con los números para los próximos presupuestos de 2010, que se prevén muy austeros, y tanto esta medida como la norma significan un importante desembolso. Ante esta situación, Vaquero intuyó que tal vez prefiera dar luz verde a este nuevo subsidio, que siempre le saldrá más a cuenta que aprobar una ley, de la que recordó aún no hay certeza de que vaya a llegar al Parlamento este año. Algo que la coalición de izquierdas intentará remediar presentando una versión revisada de la proposición de ley que sobre esta materia presentaron en 2007 y que entonces fue tumbada por el PSOE.