El vicesecretario de Organización del PP Andaluz, Toni Martín, denunció ayer en rueda de prensa el intento de la Junta de "torpedear" la acción de la Justicia, ya que ha tardado "más de cuatro años" en remitir documentación sobre los cursos de formación reclamada en 2014. El dirigente popular explicó ayer que 9 de febrero de 2014 el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, entonces, dirigido por Mercedes Alaya, solicitó mediante un mandamiento información relativa a un expediente relacionado "con el escándalo de la formación".

Alaya solicitó esta información con fecha 9 de febrero de 2014 y el informe ha llegado al Juzgado cuatro años después, el 23 de febrero de 2018, reveló Martín, que se ha preguntado si eso es "intentar colaborar con la justicia o intentar torpedear la acción de ésta". "¿Es intentar que se aclare lo sucedido o intentar esconder lo que pasó, que se archive y que prescriba?", insistió el vicesecretario del PP andaluz, quien cree que la actitud de la Junta "tiene que ver con un intento de evitar que paguen los culpables y que los andaluces recuperen los millones de euros que le han sido defraudados".

Martín aseguró que no es el primer intento de la Junta de dilatar una investigación, pues considera que se trata de una "maniobra evidente del Gobierno andaluz para entorpecer el desarrollo de las labores de la justicia para intentar desentrañar los escándalos de corrupción ocurridos en nuestra comunidad". En este sentido, aludió al último informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente al ejercicio de 2016 que recoge que el Gobierno de Susana Díaz acumula facturas "en el cajón" que suman 942 millones de euros.