El PP sumó ayer a la causa de los ERE un nuevo informe de la Intervención General de la Junta en el que alertaba de las anomalías en la agencia IDEA, uno de los entes canalizadores de ayudas y subvenciones a empresas y que aparece implicado en la trama. En este último documento -hay otro de la Intervención General de la Junta y otros seis más de la Intervención General de Economía y Hacienda-, se advierte que tanto la consejería de Innovación como la de Empleo se nutrían de fondos a Idea -algunos a través de la partida 31L, conocida como fondo de reptiles y de la que salían los recursos para financiar ERE y conceder ayudas directas y subvenciones a empresas- "prescindiendo del procedimiento administrativo establecido". Según este informe de 2007, se detectaron deficiencias en los documentos de ejecución del gasto público y en el tratamiento contable de las transferencias de capital y de explotación de ambas consejerías a IDEA por 73.931 euros y 120,76 millones de euros -sólo 68,15 millones fueron contabilizadas correctamente-. Además, se extrae como conclusión que eran estos departamentos, y no Idea, quienes decidían el destino real de esos recursos, con independencia del expediente administrativo, y que los destinatarios eran terceros ajenos a esta empresa pública.

En relación a la partida 31L, el fondo de reptiles, el estudio de la Intervención General señala que era la Consejería de Empleo la que encomendaba a la agencia el pago de ayudas directas a terceros, previa transferencia de financiación de explotación, lo que para el intervendor "no se considera adecuado para financiar la concesión de ayudas directas efectuadas pues supone prescindir total y absolutamente del procedimiento administrativos establecido".

A raíz de este nuevo informe, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, afirmó que este documento supone "una prueba más en el escándalo de los ERE, en el que todos los días hay un capítulo nuevo" y advirtió de la existencia de otros dos informes, relativos a las mismas consejerías, alertando sobre irregularidades en sus actuaciones.

"El lunes denunciábamos que había siete, este es el octavo, y conocemos dos más", señaló Soto, que se preguntó "cuántas veces advirtió la Intervención General de la Junta que no había procedimiento administrativo y el gobierno se estaba saltando la ley".

Según Soto, ahora se entiende "perfectamente" que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, no quiera que comparezcan en el Parlamento los interventores, ya que su responsabilidad es "muy alta" como presidente y como antiguo consejero de Economía". Para la portavoz del PP, queda demostrado que el modus operandi de la Junta para conceder las ayudas de Idea -el antiguo Instituto de Fomento Andaluz (IFA)- era prescindir de ese procedimiento administrativo, por lo que "el IFA era un cheque en blanco al servicio del PSOE, de sus cargos y sus amigos", dijo. Por ello se mostró convencida de que Griñán "no se irá de rositas" en algo que a su juicio conlleva para él "grandes responsabilidades, como poco políticas".

Por su parte, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, señaló al respecto que el PP "sólo busca condicionar la instrucción [judicial] contra el Gobierno" y que para ello utiliza documentación de forma "sesgada y manipuladora". Según manifestó Moreno en un comunicado, la Junta considera "impropio de una oposición política seria" que se produzca una "entrega por capítulos de datos similares y ya conocidos sobre la investigación del caso de los ERE".