El PP decidió ayer dar marcha atrás en su órdago de abandonar la comisión parlamentaria de los ERE, pero se quedará sin dar su brazo a torcer. Porque seguirá pidiendo comparecientes de esa lista de 135 que se han quedado fuera y solicitudes de documentación que consideran vitales para la investigación política del caso. Según el programa de trabajo, no tendrán problema en plantearlo, porque lo que se cerró el pasado lunes no era más que una primera tanda de interrogatorios. Así, los cargos que dieron pie a la bronca entre los tres partidos, los ex directores del IFA e IDEA, además del conseguidor Juan Lanzas o el ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, todavía pueden ser llamados a declarar.

Sobre las razones que llevaron al PP al calentón y amagar con dejar la comisión, argumentando vetos y pactos de PSOE e IU, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), trató ayer de desactivar sus argumentos negando "veto" alguno y no constándole acuerdo de antemano entre quienes son socios de este gobierno de coalición. García defendió que el criterio para tumbar buena parte de la información solicitada y de los comparecientes, aparte del consenso o por mayoría, fue "equilibrar" porque un "exceso de detalle, puede llevar al bloqueo y la falta de eficacia de la comisión", dijo. A este respecto, y sin mencionar al PP, reprochó el afán por convertir la comisión en un ejercicio de fiscalización exhaustivo al requerir todas las actas de los consejos de Gobierno, de los consejos directores de las consejerías o la contabilidad del IFA de diez años. Y también sin citar al PP, puso en entredicho que se quiera convertir una comisión, cuyo fin es buscar responsabilidades políticas, en un procedimiento judicial paralelo, aprovechando un "cuestionable" acceso a un sumario judicial que está bajo secreto.

Con independencia de que el PP pueda tener o no apoyo de otro grupo a su nueva lista de interrogatorios, para lo que confían en que IU se sienta "abochornada" y juegue ahora a su favor, otro factor a tener en cuenta es el tiempo. Las comparecencias arrancan el 23 de julio y, aunque se ha habilitado agosto, la comisión se tomará unos días de descanso, por lo que parece difícil que todo quede resuelto el 30 de septiembre. La fecha de cierre "no es rígida, sino flexible", como bien se encargó de recordar García, pero la comisión tampoco se quiere eternizar. Eso forzará a hacer turnos amplios de mañana y tarde no sólo para encajar los 25 comparecientes acordados y casarlos con sus agendas, sobre todo, en el caso del presidente de la Junta y de los consejeros que están en activo, sino los nuevos que se puedan incorporar -se estima que hay margen de tiempo para otros 25 más-. A esta complicación se suma la citación de dos piezas claves del caso que están en prisión preventiva, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Tendrán que comunicárselo a la juez instructora y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para ver cómo lo resuelven si por videoconferencia, desplazándose la comisión a prisión o autorizando el traslado de los imputados al Parlamento.

La comisión aún no tiene decidido el orden de las declaraciones, pero quien no tendrá problema para adaptarse es el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que se reafirmó en que comparecerá "con mucho gusto y absoluta tranquilidad", ya que bajo su presidencia "nunca amparó ni reconoció ninguna irregularidad o ilegalidad".