El empeño del PP por impulsar un pacto andaluz para luchar contra la violencia de género se quedó muy cerca del éxito. Los cinco grupos con presencia en el Parlamento habían alcanzado un acuerdo previo a la votación de la proposición no de ley de los populares. Fue gracias a unas enmiendas del PSOE y Podemos, que finalmente se cayeron del consenso, dejaron caer sus modificaciones al texto y votaron negativamente la propuesta del PP.

La proposición instaba al Gobierno andaluz a que antes de que termine la legislatura se apruebe un acuerdo social contra la violencia de género, que impulse lo antes posible y con la financiación necesaria las medidas del pacto estatal que sean competencia de la Administración andaluza. La tensión del debate entre Carmen Crespo, la portavoz popular, y sus homólogas en PSOE y Podemos, Soledad Pérez y Begoña Gutiérrez, fue un anticipo del cambio en la votación de socialistas y podemitas.

"Al PP le importa absolutamente cero" el tema de la violencia machista, aseguró la representante de Podemos, quien afeó a Carmen Crespo que se refiriera a las víctimas de esta lacra como "fallecidas y en vez de asesinadas". "Mal que le pese, este ya es un país feminista", espetó Gutiérrez, en consonancia con la portavoz del PSOE, quien adelantó que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "pondrá en marcha de verdad el Pacto de Estado en el que siempre ha creído el PSOE y que nos costó mucho trabajo arrancar al Gobierno del PP". "Este nuevo Gobierno socialista se compromete a sacar todas las medidas que ustedes no pusieron en marcha", apostilló Soledad Pérez. En su opinión, lo que pide el PP es "una foto", tras recordarle que desde Andalucía ya se suscribió el pacto de Estado.

Durante la defensa de la iniciativa, Crespo, acusó al Ejecutivo de Susana Díaz de incumplir su compromiso de impulsar un pacto en Andalucía. Según el PP, tras el pacto de Estado "somos más fuertes en España para luchar contra la violencia de género", y un pacto andaluz sería, además del cumplimiento de un compromiso de investidura, un cumplimiento de un mandato parlamentario "y un símbolo del necesario consenso sobre el que debe pivotar la acción política y pública contra la violencia".