El Parlamento de Andalucía seguirá cerrado mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno en la noche del sábado con motivo de la crisis del coronavirus. Así lo ha decidido la Mesa de la Cámara, que este lunes se ha reunido por videoconferencia por primera vez en la historia y ha decidido la suspensión de la actividad parlamentaria, así como todos los plazos de tramitación de las leyes que están ahora en el transcurso de su aprobación.

El registro de la Cámara quedará inactivo para la inscripción de nuevas iniciativas, mientas que las que ya están en curso se retomarán cuando finalicen las restricciones. Lo mismo ocurre con todos los procesos administrativos, a excepción de la XX de los servicios de seguridad y vigilancia de la sede del legislativo, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que entrarán en vigor el 1 de abril.

Marta Bosquet, presidenta de la Cámara, ha reconocido que el reglamento vigente no contempla una situación como la actual. El siguiente paso será constituir la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Parlamento en periodos inactivos. Antes, la Presidencia de la Cámara debe emitir una resolución que permita justificar la constitución de la Diputación Permanente en un periodo que, per se, no debería ser inhábil para la actividad parlamentaria.

La decisión, tomada por la Mesa por unanimidad, prorroga así el cierre adoptado la semana pasada, cuando los representantes de Vox anunciaron que dejarían de acudir a la Cámara por haber estado en contacto con Javier Ortega Smith, secretario general de su partido, que dio positivo por SARS-CoV-2 el pasado martes. 

La decisión afecta a los trabajadores del Parlamento, que funcionará en servicios mínimos con una plantilla de unas quince personas. En lo posible, establece el acuerdo, se hará mediante teletrabajo, pero en las labores que requieren la presencia de los empleados, se han establecido unos turnos. El horario de apertura queda limitado sólo en horario de mañana y se limita la posibilidad de acceso incluso a los trabajadores de los grupos parlamentarios.