Andalucía

El Parlamento lleva a la Fiscalía a los ex dirigentes del PSOE que no declararon en la comisión de la Faffe

  • El presidente de la comisión, Enrique Moreno, solicitó a la Mesa que se posicionase sobre las prácticas de los ex consejeros y Manuel Chaves

El presidente de la Comision de la Faffe, Enrique Moreno, junto a la diputada Teresa Pardo. El presidente de la Comision de la Faffe, Enrique Moreno, junto a la diputada Teresa Pardo.

El presidente de la Comision de la Faffe, Enrique Moreno, junto a la diputada Teresa Pardo. / E. P.

La Fiscalía decidirá si hubo delito de desobediencia en la estrategia de los ex dirigentes socialistas que no han declarado en la comisión de la Faffe. El presidente de la investigación parlamentaria, Enrique Moreno, trasladó a la Mesa de la Cámara la decisión de tomar medidas contra Manuel Chaves y los ex consejeros que eludieron la declaración en los últimos días de la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El órgano que rige el funcionamiento de la Cámara ha decidido, con el único voto en contra del PSOE, llevar al Ministerio Público si deben tomarse medidas contra el ex presidente y los ex consejeros María Jesús Montero -ahora ministra de Hacienda-, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano. Los cinco estaban llamados a declarar en los días 7 y 8 de noviembre, como Susana Díaz y José Antonio Griñán, pero los últimos dos jefes socialistas del Ejecutivo andaluz eludieron la citación tras no recibir los requerimientos oficiales. 

El resto, los que irán a la Fiscalía, adujeron que, por la cercanía de la jornada electoral, su declaración sería utilizada como un acto de campaña. Todos se agarraron a motivos políticos, aunque desde el PSOE se aludió a un informe de los letrados de la Cámara que exime de comparecer a quien, involucrado en un proceso judicial, pudiera perjudicarse por su declaración. 

Ese mismo argumento fue utilizado la semana pasada por el ex consejero Manuel Recio, que sí dio razones jurídicas para justificar su derecho a no declarar y marcharse. El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno, no le permitió abandonar la sala donde se celebraba la sesión, a pesar de que el letrado expresó su opinión contraria. 

Chaves también podría haberse acogido al mismo derecho que Recio, puesto que el día de su declaración todavía no se conocía la sentencia de la pieza política de los ERE. No lo hizo y ahora será la Fiscalía quien decida si incurrió en un delito de desobediencia, que es a lo que se expone quien no declara en una comisión de investigación.

A la misma situación se arriesgan Sánchez Maldonado, Ramírez de Arellano, Carnero y Montero, a pesar de que la actual ministra de Hacienda y diputada en el Congreso remitió un documento basado en un informe del Consejo de Estado, además de otra jurisprudencia. Dicho texto asegura que los ministros no están obligados a declarar en asambleas regionales, puesto que deben rendir cuentas en el Congreso y no ante otros poderes legislativos de menor rango.

No obstante, en el PP restan validez a este argumento, ya que aseguran que la comisión llama a Montero a declarar por su labor de consejera, no por su condición de ministra. Restan así valor a la comparación entre Montero y la ex titular de Empleo Fátima Báñez, que eludió comparecer en la comisión de investigación sobre los cursos de formación. 

En cualquier caso, será la Fiscalía quien decida si hubo delito mientras que los grupos deciden si vuelven a llamar a Susana Díaz y José Antonio Griñán, que no recibieron la citación de forma fehaciente, lo que los excluye de la lista de ex dirigentes socialistas cuyo caso estudiará el Ministerio Público. 

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