Andalucía

El Parlamento pide cesar al gerente de IDEA por una presunta contratación irregular en su etapa en Educación

  • El PSOE y C's rechazan pedir el cese de la directora general de Recursos Humanos y de la delegada territorial del mismo departamento.

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El Pleno del Parlamento andaluz ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz que cese al gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Francisco Díaz, por las actuaciones que realizó como exdelegado territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, por su participación en una presunta contratación "irregular" detectada en la provisión de uno de los puestos de coordinación en el Comisionado del Polígono Sur en el curso 2014-2015.

Así se recogía en una proposición no de ley de Podemos que ha contado en este punto con el apoyo del PP-A, Cs e IULV-CA, mientras que el PSOE-A lo ha rechazado.

Con la misma relación de votos, la Cámara autonómica ha aprobado pedir a la Junta que se realice una auditoría de los procedimientos de libre designación desarrollados por la Consejería de Educación para la cobertura de puestos de personal docente adscrito, haciendo públicas las conclusiones de este estudio.

Y también realizar una revisión de los procedimientos de selección de personal docente adscrito, con el fin de justificar la necesidad de estos puestos, aumentar la transparencia y publicidad de los procedimientos y facilitar la participación de todas las personas que deseen optar a estos puestos.

De otro lado, el Pleno ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y Cs, pedir el cese de la directora general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y de la delegada territorial del mismo departamento, unas propuestas que sí han respaldado el PP-A e IU.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del partido morado Libertad Benítez ha recordado que el origen de este asunto, "que afecta gravemente a la confianza en nuestras instituciones", se encuentra en las irregularidades detectadas en la provisión de uno de los puestos de coordinación en el Comisionado del Polígono Sur en el curso 2014-2015.

"Apartar a estas personas de sus responsabilidades públicas actuales es la mejor medida posible para demostrar que la Administración autonómica andaluza tiene una apuesta firme contra la corrupción en todas sus manifestaciones", ha sostenido Benítez, que ha considerado que las irregularidades denunciadas "no son una cuestión funcionarial, como se ha señalado desde el Gobierno andaluz".

Para la diputada de Podemos, lo ocurrido está vinculado "a unas prácticas clientelares que no pueden ser fomentadas ni consentidas por quienes ostentan las máximas responsabilidades dentro de la Consejería de Educación".

"Un garbanzo negro"

Para posicionar al PSOE-A, la diputada Adela Segura ha acusado a Benítez de "retorcer las palabras" y ha puesto en valor que la Consejería está actuando en este caso, mientras ha reprochado a los partidos que son "palmeros de este tipo de actitudes parlamentarias porque hay que tener cuidado porque que la ciudadanía sabe cada vez analizar mejor las cuestiones". "Un garbanzo negro no puede ser motivo para poner en solfa la actuación contundente y rigurosa de la Consejería", ha apostillado

Por el PP-A, Patricia del Pozo ve "lógica" la iniciativa de Podemos aunque "no debía haber llegado nunca al Parlamento" si la Consejería de Educación hubiera cesado a los referidos cargos "que presuntamente han mantenido este sistema irregular de acceso a la función pública docente por la puerta de atrás" o si hubiera reforzado la normativa existente.

En nombre de Cs, Marta Escrivá ha defendido que el mérito y la capacidad "debe regir cada procedimiento público" a la par que ha pedido actuar "con contundencia ante los casos de corrupción". Así, ha rechazado que haya partidos "que quiera convertir los parlamentos en juicios constantes y otros que quieran arrastrar la sospechas hasta el infinito", cuando ha explicado que Cs pide ceses cuando los cargos están imputados y ha pedido dejar a actuar a la justicia.

Por último, por IULV-CA, Carmen Pérez ha considerado que las medidas que ha adoptado el Gobierno andaluz hasta el momento frente a este caso "son insuficientes", así como ha denunciado el "enchufismo" y que la enseñanza pública "no puede estar al servicio de intereses particulares". Además, ha criticado que la Junta, en este caso "de corruptela", no ha tenido "rigor, ni seriedad ni ética" porque "cuando se detecta la corrupción hay que atajarla".

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