La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un posible fraude millonario en los fondos de formación para parados, actuación que se centra, por el momento, en Málaga, aunque se extenderá en las próximas horas a Granada y Almería. "La investigación se desarrollará en toda Andalucía en fechas muy próximas" explicaron fuentes de la investigación.

En principio, se indaga el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social que fue lo que activó la alarma, y provocó la investigación dirigida desde la Comisaría Central de Madrid en colaboración con la Seguridad Social. Precisamente la primera denuncia la recibió la Seguridad Social, en la que se advertía de que había "numerosos cursos" en los que se incumplía el sistema de condiciones.

La UDEF ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga después de una investigación de más de un año en el que se ha interrogado a empresarios, presuntos alumnos que no habían realizado los cursos, y miembros de la administración andaluza y de los sindicatos. Otras fuentes próximas al caso aseguran que el asunto, que está en una fase muy inicial, comenzó en Sevilla, donde se formularon las primeras denuncias y ahora puede extenderse a toda Andalucía.

En Málaga se han realizado "gestiones e indagaciones" en academias donde se han podido impartir cursos de formación y se han recopilado datos sobre el posible fraude. Las fuentes aseguran que en la complejidad del caso puede llevar a una investigación que "podría durar varios años".

El grueso de las pesquisas la lleva la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. Se estima que, sólo en Málaga, 15 empresas estarían especializadas en impartir cursos a parados y supuestamente parte de estos ciclos formativos están siendo investigados, aunque hay otras empresas que, finalizado los presuntos cursos, se disolvían para eludir los controles.

De confirmarse, el fraude podría alcanzar los 2.000 millones de euros. La operación policial se llama Edu y se está centrando en las ayudas recibidas para cursos de formación de empleo entre 2009 y 2011. Manuel Recio fue consejero de Empleo entre 2010 y 2012, al sustituir a Antonio Fernández, imputado en los ERE.