El portavoz del Gobierno de Susana Díaz dijo el martes pasado que no le gustaba demasiado el pacto que han firmado Mariano Rajoy y Albert Rivera para que el primero siga en La Moncloa cuatro años mas. "No es nuestro modelo", aseguró Miguel Ángel Vázquez, que definió el acuerdo entre PP y Ciudadanos como "un ataque a la médula del 28-F". Es lógico que en el PSOE andaluz y en el Gobierno de la Junta no estén muy a favor. Vázquez, por ejemplo, criticó la propuesta del complemento salarial incluido en el acuerdo y lo tachó de "recentralizador".

Pero hay otras iniciativas entre los 150 compromisos para mejorar España -que así se llama el pacto- que no deben chirriar tanto al portavoz andaluz y sus correligionarios. Por ejemplo, la número 93 dice lo siguiente: "El PP y Ciudadanos se comprometen a la inmediata separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". No hay mucha diferencia entre la redacción de este punto del acuerdo y el noveno del tercer bloque de aquel otro documento que firmaron en junio 2015 los socialistas con la formación naranja para que Díaz pudiera ser investida como presidenta de la Junta. "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política", reza el texto en el bloque dedicado a la regeneración democrática de los partidos.

La situación se repite en otras 36 ocasiones, lo que significa que más de la mitad de los 70 compromisos que permitieron a Díaz a repetir en San Telmo están recogidos de una forma u otra en el acuerdo que Rajoy y Rivera firmaron hace justo una semana. Por ese motivo resulta también llamativo que los 33 parlamentarios andaluces del PP diesen un no rotundo a la dirigente socialista en su debate de investidura. Más aún cuando muchas de las iniciativas del pacto andaluz que no se han trasladado al Congreso están ausentes por tratarse de cuestiones regionales, como la que apuesta por "dar continuidad a la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas" o la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas.

A pesar de las similitudes, el nivel varía en función de las materias incluidas en el pacto andaluz. En el ámbito educativo, por ejemplo, la coincidencia es total. La apuesta por potenciar el primer ciclo de educación Infantil está en ambos textos, al igual que la puesta en marcha de un plan de implantación del bilingüismo y medidas para garantizar el éxito escolar. Lo mismo pasa con la dependencia, que Rajoy y Rivera se han comprometido a recuperar tras los recortes de la pasada legislatura. Más diferencias hay en universidad y sanidad, donde sólo coinciden en el impulso de la I+D+I y la reducción de las listas de espera.

En este bloque, que se engloba dentro de la defensa del Estado del Bienestar, el pacto andaluz es más ambicioso en cuestiones de investigación sanitaria; mientras que el nacional incluye otras materias como el sistema de pensiones o las políticas laborales, como los distintos tipos de contratos. En total, ocho de las 18 medidas incluidas en este apartado del texto de PSOE y Ciudadanos están en el pacto de PP y la formación naranja, por lo que la coincidencia es del 44%.

Más importante es la similitud en la economía, -alcanza el 70%-, con 12 de los 17 puntos del documento andaluz en el texto del Congreso. En políticas de apoyo al emprendimiento y a los autónomos la similitud es total, al igual que en asuntos fiscales, con la reducción del IRPF, la propuesta de crear una Ley de Mecenazgo y la lucha contra el fraude fiscal. También se repiten las medidas de apoyo a las pymes -simplificación de los trámites burocráticos y fomento de la concesión de crédito-, aunque en Andalucía se apuesta por la exportación y en el texto nacional no se hace referencia. En políticas activas de empleo destaca la defensa de la formación profesional, así como la especial atención a los jóvenes desempleados.

La mayor diferencia en el ámbito económico está en las iniciativas regionales incluidas en el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, en el texto acordado por Rajoy y Rivera sí se hace referencia a los sectores agrícola y energético, pero no hay menciones al turismo, la construcción y la minería, que están presentes en el documento andaluz.

El tercero de los bloques en los que se dividió el compromiso de socialistas y centristas en Andalucía en junio de 2015 atiende a las medidas de regeneración democrática, que también tienen mucho peso en el documento que busca la investidura del presidente del PP. Las coincidencias alcanzan el 60%, es decir, 21 de las 35 pactadas por PSOE y Ciudadanos se repiten en ambos textos.

Además de la mencionada expulsión de los políticos implicados en casos de corrupción, ambos documentos apuestan por limitar el número de mandatos que un cargo público puede encadenar. También recogen la eliminación de los aforamientos y la reforma de la Ley Electoral -aunque el texto andaluz profundiza más-, así como una mayor apuesta por la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A nivel de partidos políticos, la obligación de celebrar primarias que defiende Ciudadanos está incluida de forma explícita en el documento andaluz, mientras que el nacional se resigna a implantar "una mayor democracia interna". Otros compromisos repetidos en los dos acuerdos son la obligación de publicar las retribuciones y la contabilidad de las formaciones, la creación de órganos internos para luchar contra la corrupción y un aumento en los niveles de transparencia. También hay coincidencia en el mayor control a las posibles incompatibilidades entre cargos públicos y la actividad privada, así como en la eliminación de las puertas giratorias.

Otra de las cuestiones recurrentes es el aumento en el control de las subvenciones públicas. En Andalucía -sin incluirlo en el texto- Ciudadanos consiguió arrancarle al PSOE el compromiso de poner en marcha la comisión de investigación sobre los cursos de formación; mientras que ha hecho lo propio con la presunta financiación ilegal del PP a nivel nacional.

El pacto andaluz termina con siete peticiones al Gobierno de la nación sobre regeneración democrática, de las cuales sólo dos han llegado a Madrid: impedir el indulto a los condenados por corrupción y una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar los procedimientos negociados y dar mayor publicidad a las concesiones. No hay rastro del registro nacional de datos de representantes públicos, ni de la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción o la reforma del código penal para dotar de responsabilidad penal al delito de financiación ilegal. Tampoco están en el pacto de Rivera y Rajoy otras iniciativas, como la reducción del número de altos cargos o la limitación de los cargos de libre designación.

Aunque el documento andaluz tiene vocación de pacto de legislatura, es llamativo que sea mucho menos extenso que el texto firmado en Madrid, que, en principio, es un acuerdo de investidura. El texto de PP y Ciudadanos se introduce en asuntos como el modelo territorial o la relación de España con la Unión Europea. Pero, como se han encargado de señalar una y otra vez desde el PSOE, el pacto nacional tiene un condicionante. Sus primeras tres líneas muestran el "compromiso" de los firmantes con la estabilidad presupuestaria y las peticiones de Bruselas, por lo que las 44 páginas pueden convertirse en papel mojado tan pronto como el déficit lo decida.