Ratificada la condena a Castro y Osuna

El Tribunal de Cuentas ha confirmado la sentencia de este mismo órgano que establece que los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, deben devolver al erario público más de 4 millones de euros por el fraude relacionado con el portal de comercio electrónico "Rilco".

El tribunal desestima así los recursos que Rodríguez de Castro, que fue delegado de la Zona Franca de Cádiz entre 1996 y 2001, y Miguel Osuna, que le sucedió en el cargo, interpusieron contra la sentencia que este mismo órgano judicial dictó en el 2011 y en la que instalaba a ambos a devolver la citada cantidad de dinero, según han confirmado fuentes jurídicas.

La condena se hace pública justo una semana antes de que el próximo viernes el "caso Rilco" llegue a juicio, en una vista en la que el fiscal, según su escrito de conclusiones provisionales, solicitará 10 años de prisión para Rodríguez de Castro y 13 para Miguel Osuna, además de una multa de ocho millones de euros para cada uno de ellos.

El "caso Rilco", uno de los dos procesos que ambos tienen abiertos en relación a su gestión cuando fueron delegados de la Zona Franca de Cádiz designados por el PP, investiga presuntos fraudes en la constitución en el 2000 por parte de la Zona Franca de Cádiz de la Sociedad Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco), un portal electrónico que pretendía fomentar el comercio exterior entre los países iberoamericanos.

El Tribunal de Cuentas, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, desestima los recursos que Osuna y Rodríguez de Castro interpusieron contra la sentencia anterior y destaca las numerosas irregularidades detectadas en la adjudicación y ejecución de los contratos a dos empresas distintas para la puesta en marcha de "Rilco".

Además, desmonta, entre otros argumentos, el mantenido por Miguel Osuna en relación a que nadie le advirtió cuando llegó al cargo sobre las irregularidades en la contratación del proyecto Rilco.

"Lo cierto es que el recurrente, al tomar posesión de su cargo (....) tuvo que conocer las circunstancias fraudulentas que rodeaban a las operaciones contractuales del Proyecto Rilco, dada la notoriedad incluso mediática de las mismas y la relación entre éstas y el cese de su antecesor", explica.

La sentencia añade que no consta que Osuna pidiera o consultara sobre el asunto a pesar de "la formación especializada en gestión de fondos públicos que le correspondía por su condición de interventor del Estado, y que exigía de él una especial cautela y eficacia en la gestión que no tuvo y que agrava la negligencia".

Al margen del proceso contable del Tribunal de Cuentas, que puede ser recurrido al Tribunal Supremo y condena a ambos ex delegados a pagar las costas del proceso, el "caso Rilco" llegará el próximo viernes a juicio.

Según un auto del titular del juzgado de instrucción número 4 de Cádiz, "Rilco" formó parte de una "estrategia" que Rodríguez de Castro diseñó para incrementar su patrimonio ante su inminente salida del cargo, para lo que se concertó con dos empresarios que crearon al efecto una empresa radicada en Miami, que llegó a cobrar 4,2 millones de euros.

El fiscal, que también acusa a estos dos empresarios y a dos exempleados de "Rilco", estima que el perjuicio económico ocasionado a la Zona Franca a través de este portal asciende a entre 3,4 y 3,5 millones de euros y sostiene que con la intención de "desviar fondos públicos" se consiguieron ayudas públicas de 4,8 millones de euros, además de un préstamo de dos millones de euros de la propia Zona Franca.

Pero antes de este juicio, el próximo lunes ambos están citados a declarar ante el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, que investiga el "caso Quality Food", otro posible fraude a través de una empresa dedicada a la preparación y distribución de platos precocinados que se instaló en el recinto fiscal gaditano en el 2001.

Estas declaraciones, junto a las de otros quince testigos, se producen después de que, a finales del pasado año, este caso se reactivara tras un informe de la Abogacía del Estado que aportó pruebas de que Osuna, que en el 2004 denunció el fraude presentándose como víctima, fue también responsable del mismo, lo que ha llevado a su imputación.