El ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, así como el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ediles del GIL admitieron ayer haber favorecido a una promotora para construir un edificio de 12 plantas en primera línea de playa. La parcela, calificada como zona verde y viario público, fue tasada por 83.000 euros, aunque una tasación pericial desveló más adelante que su valor ascendía a dos millones de euros. El negocio fue redondo.

Los acusados aceptaron los hechos y por tanto los delitos que les imputa la Fiscalía, aunque de este modo también se hicieron con una notable mejoría en las penas.

En el caso de Juan Antonio Roca, es la primera vez que acepta ante un tribunal haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. El gesto adquiere relevancia porque se produce apenas 24 horas después de haber afirmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aceptó dinero del juez Francisco Javier de Urquía a cambio de conseguir trato de favor.

Por el caso Belmonsa, que se juzgaba ayer en el Juzgado de lo Penal Número 7, Roca deberá pasar nueve meses en la cárcel y, lo más importante, podrá eludir el pago de una multa de 2,4 millones de euros por un mes más en prisión. Roca tiene embargados todos sus fondos por su presunta implicación en la operación Malaya y podrá eludir la sanción con la cárcel.

La conformidad también benefició al resto de acusados. El ex alcalde Julián Muñoz y los ex concejales del GIL Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se conformaron con un año de cárcel y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio. De esta forma, se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.

El ex edil José Marino Pomares aceptó una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por el mismo delito de ordenación del territorio, mientras que el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá aceptaron con la pena de ocho años de inhabilitación por prevaricación.

Román, que fue el único que no acudió ayer a la vista, justificó su ausencia en que debía acompañar a su hija en una intervención quirúrgica en Estados Unidos.

El único acusado que no se sometió al escrito de acusación del fiscal y optó por ir a juicio fue el abogado José Luis Sierra, que fue asesor jurídico del fallecido Jesús Gil. Sierra negó haber mantenido una reunión con los ex ediles en la que informara favorablemente de la licencia a Belmonsa.

En paralelo al juicio, seis ex ediles del GIL en Marbella de 1995 a 1999, entre los que también está Muñoz, firmaron ayer con la Fiscalía la conformidad en ocho causas urbanísticas pendientes de señalamiento de juicio. El acuerdo se enmarca en el pacto alcanzado el pasado mayo por estos ex ediles por el que ingresarían en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos.