Las declaraciones de los procesados en las nuevas jornadas del juicio Saqueo II no hacen sino evidenciar el expolio que sufrió durante años Marbella. Ayer fue el turno del principal acusado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, que compareció como acusado en el octavo día del juicio del caso Saqueo II en la Audiencia Nacional, en el que figuran encausadas 34 personas por desviar unos 70 millones de euros del Consistorio marbellí entre 1994 y 2001 mediante empresas públicas y privadas, así como por no pagar 91 millones a la Seguridad Social.

El procesado, para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión, fue gerente de las sociedades públicas Planeamiento 2000 (de urbanismo) y Sporclub, así como secretario y administrador de Turismo en Marbella y Plan Las Albarizas.

Roca explicó que en 1992 Gil lo nombró gerente de la Planeamiento 2000 con el encargo de revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Entre otras operaciones, en 2001 Gil le dijo al concejal de Hacienda, Rafael González Carrasco, que mandara dinero a Planeamiento 2000 para pagar a Carlos Monteverde, su arquitecto de confianza, el proyecto de remodelación del Palacio de Ferias y Congresos por un importe de 17.372.159 pesetas.

Roca detalló que le extendió un cheque a Monteverde, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Aseguró que participó en reuniones en las que estuvieron presentes Gil, Monteverde y "seguramente" el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, para quien la Fiscalía pide 13 años y medio.

Roca reconoció también ayer que el Ayuntamiento transfirió cantidades de hasta nueve millones de pesetas en 1999 a la sociedad municipal Plan Las Albarizas que "no tenía actividad alguna" y recordó que desde las concejalías de Hacienda y Personal del Ayuntamiento le dieron "instrucciones" de Gil para transferir personal desde Planeamiento 2000 a Las Albarizas, para evitar que los empleados se convirtieran en fijos y que estos recibían "gratificaciones" por los resultados del PGOU.

Por su parte, Monteverde dijo que el difunto Gil le presionó para que en el año 2000 firmase unos contratos y así "cubrir" por parte de la sociedad municipal Contratas 2.000 una "serie de irregularidades contables" frente a la inspección del Tribunal de Cuentas. "Me dijo: Carlos tienes que echarme una mano, pero que no te preocupes que no tiene mayor importancia. Necesito que asumas que has recibido una serie de cantidades a cuenta y tienes que firmar los recibís correspondientes".

La alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz (PP), está convencida de que ni la actual corporación municipal ni las siguientes recuperarán el dinero expoliado durante los gobiernos del GIL, aunque tratan de localizar los bienes embargables para que se devuelva lo sustraído cuando las sentencias sean firmes.