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Juzgado de guardia

El Supremo espera

  • Después de un año hablando sobre la inhibición de la causa de los ERE al Alto Tribunal, Alaya puede retrasar la elevación hasta la vuelta de las vacaciones

EL debate sobre la posible inhibición del caso de los ERE fraudulentos se planteó hace exactamente un año, cuando el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya y aportó una serie de indicios para una posible imputación en la causa del entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán. Fueron muchos, incluido el propio PSOE, quienes en ese momento se alzaron pidiendo la elevación del caso al Tribunal Supremo para evitar lo que consideraban un juicio “político”, aunque más bien esa petición enmascaraba el deseo de arrebatar la investigación a una juez que llevaba tiempo torpedeando a la Junta con la imputación de numerosos altos cargos de la Administración andaluza y su personalísima manera de instruir.

La petición de inhibición se hizo más fuerte tras la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez junto a una veintena de altos cargos, en un auto que la instructora dictó el 28 de junio del pasado año. 

Alaya dejó entonces pasar el verano y a la vuelta de las vacaciones lanzó otro certero misil, en forma de auto. Los indicios contra Griñán no se transformaron en el polémico auto de la preimputación del propio Griñán y de su antecesor Manuel Chaves hasta el 10 de septiembre del año pasado, cuando la instructora dinamitó el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz al hacer pública la preimputación de ambos junto a otros cinco ex consejeros.

Septiembre es un mes clave del año. No es sólo el mes que supone la vuelta a la normalidad familiar, con la reanudación de la actividad docente, sino que marca el retorno de la actividad en todos los sectores, como el político y el judicial, que acoge el acto de inauguración oficial del año judicial. 

Dicen que la juez Alaya lleva varias semanas –quizás meses– preparando ese nuevo y definitivo auto que muchos esperan desde hace largo tiempo. Se trata de la resolución que pondrá fin, por el momento, a la instrucción del caso de los ERE por parte del juzgado sevillano. Alaya se inhibirá con esta resolución al Tribunal Supremo, ante la aparición de indicios contra personas que gozan del privilegio del aforamiento, entre las que se encuentran los denominados preimputados. 

La magistrada se ha dejado ver muy poco en las últimas semanas por su juzgado, lo que ha alimentado las expectativas de que a lo largo de este mes y antes de las vacaciones ese auto pueda ver la luz. Sin embargo, hay varios elementos que apuntan a que la instructora puede aplazar hasta la vuelta de las vacaciones la ansiada elevación al Alto Tribunal. Para empezar, ese auto-resumen de más de tres años de instrucción resulta especialmente complejo por el nivel de minuciosidad y detalle que la magistrada debe hacer en el mismo una exposición razonada de los indicios que hay contra todas las personas aforadas –inicialmente los dos ex presidentes y otros cinco ex consejeros de la Junta– y de la necesidad de que sean los magistrados del Alto Tribunal los que lleven a cabo la instrucción en relación con estas personas.

En teoría, Alaya podría tener tiempo para acabar de elaborar el auto antes de que acabe este mes de julio, de no ser porque no puede dedicarse en exclusiva a su elaboración. Además de resolver los numerosísimos recursos que una macrocausa con 199 imputados genera, la instructora ha establecido un nuevo calendario de declaraciones de 16 nuevos imputados, que han sido citados a declarar entre el 14 y el 18 de julio próximos. Lo lógico sería que Alaya esperara a completar esas declaraciones –si es que alguien declara, puesto que hace tiempo que asistimos a una particular ley del silencio de los implicados– antes de remitir la causa al Supremo, pero en ese caso nos situaríamos en las últimas semanas de julio. 

Remitir al Supremo el caso a finales de este mes, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, podría resultar precipitado, puesto que el instructor al que corresponda tendría poco tiempo para examinar las actuaciones, lo que podría motivar una devolución a la instructora en caso de encontrar algún motivo para ello.

Además Alaya no tendría por qué acelerar la decisión, cuando ya ha rechazado recientemente la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que dividiese la causa en piezas y remitiera al Supremo la que afecta al “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, donde se enmarcaría la participación de los aforados.

Alaya se va de vacaciones a principios de agosto y, aunque este año disfrutará de algunos días menos –por los que gastó con su reboda–, la juez podría incorporarse al juzgado la última semana de agosto. Tendría entonces tiempo suficiente para acabar de dar los últimos retoques al auto de inhibición, que estaría listo para hacerse público el día 1 de septiembre, lunes, coincidiendo con el retorno mayoritario al trabajo.

La instrucción quedaría desde ese momento a expensas de lo que decida el Alto Tribunal, si bien con el tiempo tendría que volver al juzgado de Alaya para que se complete, puesto que por ahora sólo se han investigado una veintena de los 400 expedientes de ayudas bajo sospecha

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