La presidenta de la Junta, Susana Díaz, recela de que las reformas que necesita España partan de acuerdos bilaterales entre el Gobierno y cada una de las autonomías. “Las reglas del juego se basan en que tenemos que negociar entre todos, todo lo que sea entregar acuerdos a la subasta parlamentaria y a la aritmética parlamentaria es malo”, ha indicado Susana Díaz este martes en San Telmo, durante la presentación de dos informes encargados a las universidades públicas andaluzas, uno sobre reforma del Estado autonómico y otro, sobre la financiación de las comunidades. “La bilateralidad es opaca”, ha dicho.

La intervención de Susana Díaz lleva implícita la crítica a los primeros contactos que el presidente Pedro Sánchez está manteniendo con las comunidades. Ha recibido al lehendakari, Íñigo Urkullu, y el próximo lunes le tocará el turno al catalán Quim Torra. Pero, a la vez, el Gobierno ha dejado claro que esta legislatura no abordará la negociación del modelo de financiación autonómica, que se aborda entre todas las comunidades, a la vez, y se aprueba en el Congreso. La dinámica de estas reuniones huele, precisamente, a esos acuerdos bilaterales, y lo que teme la presidenta Susana Díaz es cada una de ellas o, al menos, las más conflictivas saquen réditos particulares que no benefician al común. “Hay quien quiere invalidar la reforma del Título VIII de la Constitución por la vía de la financiación”. Rebuscado, pero claro: hay quien busca un rédito económico antes que reformar el país en su conjunto.

Fotografía de familia de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios y los participantes en la presentación de los informes sobre reforma territorial y financiación autonómica de las universidades.

Población, y nada más 

Y es que hay algo claro: las particularidades perjudican a Andalucía, una comunidad que gana cuanto más igualitario sea el reparto de fondos porque es la más poblada. Por eso, la demanda de la Junta, del Parlamento y, ahora, de las universidades es que el sistema de financiación autonómica tenga a la población de derecho como único criterio de reparto. Eso ocurre ahora, pero la magnitud se corrige con tantas variables, como la dispersión o el envejecimiento, que queda desvirtuada. En el caso andaluz, con el sistema actual, hay 220.00 andaluces menos. Infrafinanciación.

"Vivimos con los mismo fantasmas y las mismas incertidumbres que hace 40 años, incluso son casi los mismos protagonistas"

Díaz ha dibujado un escenario de negociación sobre España muy complicado para los próximos años y, sin citarlos, subrayó la preponderancia que vuelven a tener los nacionalismos periféricos. Ha sostenido: “No hay una estabilidad política que permita las reformas, son tiempos convulsos y enrarecidos, pero como hace 40 años, con el 28 de Febrero, vivimos con los mismos fantasma y las mismas incertidumbres e, incluso, casi los mismos protagonistas”.

Dos catedráticos de la Universidad Olavide, el sociólogo Xavier Coller y el tributario Jesús Ramos Prieto, han coordinado a otros profesores en sendos informes sobre estructura territorial del Estado y financiación autonómica. Estos estudios se suman a la estrategia de Susana Díaz de apoyarse en instituciones públicas y privadas para presionar al Gobierno a una negociación sobre la financiación, tema del que la presidenta hablará con Pedro Sánchez en su cita en Moncloa a finales de julio.

Contrarios al cupo vasco

El informe sobre financiación es demoledor respecto al modelo actual, tildado de “complejo, opaco y cuyos resultados está alejados de cualquier lógica social y económica”, según ha explicado en la presentación Jesús Ramos Prieto. En sus conclusiones ejecutivas, los profesores proponen que la población de derecho sea el criterio del reparto de los fondos y que éstos se unifiquen en uno para ganar sencillez y transparencia. Proponen que los ingresos de las dos comunidades forales vayan a la caja común, lo que supondría el final del Concierto vasco y del navarro. Ramos Prieto es consciente de que esto no es aceptado por todos los partidos, de hecho el PSOE se opone, pero han decidido mantenerlo por un criterio común de los participantes.

El informe propone que las comunidades participen en mayor porcentaje de los ingresos de los impuestos estatales, en consonancia con lo aprobado por el Parlamento andaluz.

La Cámara andaluza analiza mañana una proposición no de ley surgida después de que el Gobierno de Sánchez se haya negado a negociar el nuevo modelo de financiación. El PP ha participado de un acuerdo general del que sólo se ha excluido Ciudadanos. Sin embargo, el PSOE no apoyará esta moción.