El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha trasladado sus conclusiones sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la factoría de Delphi a la juez Mercedes Alaya. Así se desprende de la sentencia, adelantada ayer por esta redacción, en la que se daba la razón a un prejubilado de la multinacional que cerró en Puerto Real.

En dicha sentencia, entre otras cosas, el magistrado que firma el dictamen asegura: "Remítase testimonio de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -el de la juez Mercedes Alaya que investiga los ERE fraudulentos- para la exigencia en su caso de las responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir las autoridades administrativas que han intervenido en el procedimiento". El TSJA estima que el ERE de Delphi contenía "irregularidades manifiestas" y, por ello, solicita "deducir testimonio" del delegado provincial de Empleo, entonces Juan Bouza; del director general y del viceconsejero de Empleo "que por resolución de 13 de mayo de 2011, autorizaron la refinanciación de la póliza a cargo del erario público". Este viceconsejero era Justo Mañas y no, como se publicó ayer por error, Luis Nieto, quien entonces era viceconsejero pero de Innovación -aún no se habían fusionado ambas consejerías-.

Sin embargo, nada más conocer la publicación de la sentencia la Junta de Andalucía dio a conocer ayer que ha solicitado al TSJA una "rectificación de errores materiales" de dicho dictamen. Así,en un escrito remitido al Tribunal, la Junta pide que se rectifique la citada sentencia, que pide que se depuren "posibles responsabilidades penales" por estas "irregularidades manifiestas" en las autoridades laborales de la Administración autonómica en la etapa en que fue autorizado el ERE de Delphi, que afectó en 2007 a unos 1.800 trabajadores.

La Administración autonómica hace especial hincapié en que la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA hace varias afirmaciones "erróneas" porque el expediente de Delphi "no fue autorizado por la Consejería de Empleo -por tanto, no intervino Juan Bouza- sino por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz" el 30 de julio de 2007, dado que la multinacional estaba en concurso de acreedoresado de lo Mercantil.