El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras se ha negado esta tarde a ratificar la declaración que prestó en el año 2012 ante la juez Mercedes Alaya porque la misma se desarrolló durante "dos intensos días", en sesiones de mañana y tarde, y en medio de una "presión muy fuerte" por parte de la magistrada quien, según ha afirmado el ex alto cargo, cuando ésta le hacía una pregunta y él respondía, la juez volvía a reiterarla y tras la lectura de aquella declaración "hay cosas que comparte y otras que no".

La negativa de Márquez a responder a las preguntas del Ministerio Público ha llevado a la Fiscalía a solicitar, al igual que ocurrió en el caso del ex director Javier Guerrero, que se procediera a la lectura de la declaración que el ex alto cargo prestó en la fase de instrucción los días 3 y 4 de julio de 2012 ante la juez Mercedes Alaya. La lectura de la declaración ha consumido toda la sesión de la tarde y, al término de la misma, el abogado defensor del ex alto cargo, Manuel Pérez Cuajares, ha intervenido para apuntar que debe tenerse en cuenta que las preguntas que se han leído formuladas por la acusación popular del PP fueron realizadas en representación de Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido -los actuales delegados del Gobierno en Andalucía y ministro del Interior, respectivamente-, quienes ya "no forman parte del procedimiento", ha precisado el letrado.

Antes de iniciar la declaración de Juan Márquez, el tribunal ha sido informado por la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que se ha fracturado ambos pies, no podrá declarar en principio hasta el próximo lunes, y también que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afectado por una disfonía, no estará en condiciones de someterse al interrogatorio hasta el 14 de marzo.

En la declaración que Juan Márquez prestó ante la juez Alaya y que el acusado, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha dicho que no ratifica "en términos generales", el ex alto cargo reconoció que ni siquiera leyó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas que se consideran fraudulentas y aseguró que, "a estas alturas", sigue sin conocer el contenido del convenio marco del procedimiento. "Ni me lo leí, ni lo estudié, ni lo analicé, me lo explicaron", afirmó Márquez en contestación a la juez.

En el interrogatorio, Juan Márquez también reconoció que no había una comisión de seguimiento de las ayudas que se concedían y aseguró que fue en febrero de 2009, casi un año después de su incorporación a la dirección de Trabajo, cuando se dio cuenta del "déficit del procedimiento", lo puso en conocimiento de sus superiores, el consejero Antonio Fernández, y el viceconsejero, Agustín Barberá.

Según Márquez, emitió un informe sobre las dudas del procedimiento que fue presentado de forma verbal en la reuniones de trabajo de los lunes. En cuanto a las indicaciones que recibió a su llegada a la Dirección General de Trabajo, explicó que le dijeron que había que "dar cobertura administrativa a los compromisos adquiridos previamente" con los trabajadores en la época de Francisco Javier Guerrero. 

En este sentido, Márquez admitió que había un "vacío normativo" en lo que se refiere a las ayudas sociolaborales, que no eran publicadas en los boletines oficiales, algo que la juez le reprochó en el relato de la imputación, al explicar que las ayudas fueron "regaladas" a personas próximas a la Junta y al PSOE. "No creo que los trabajadores lean el BOJA", contestó Márquez.

En su declaración el ex director de Trabajo también derivó la responsabilidad en relación a la falta de fiscalización previa de las ayudas. "Yo soy un responsable político, no he visto a un interventor nunca", añadió Márquez, que también dijo que él se dedicaba a "coordinar" la dirección de Trabajo pero no a dirigirla. Al ser preguntado sobre ayudas concretas, el imputado reconoció que ordenó que se concediese una ayuda sociolaboral al ex delegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés porque, según dijo, tenía derecho al haber trabajado como director de una Escuela de Artesanía, pero matizó que él no ordenó que fuese introducido como intruso en Calderinox.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE se reanudará mañana con el interrogatorio de Juan Márquez por parte de su defensa y, a continuación, declarará el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, según el orden de la práctica de las pruebas propuesto por el fiscal, con la excepción de los cambios producidos por motivos de salud de varios de los acusados.