UGT Andalucía exigió a las distintas administraciones que "no dejen de invertir en igualdad", una vez que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha suspendido sine die la convocatoria de subvenciones para programa unidades de empleo para mujeres (UNEM), dirigido a fomentar la empleabilidad de las mujeres a través de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios. Esta convocatoria se suma a la suspensión de otros programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) por más de 11 millones que se aplazarían, en principio, hasta el primer trimestre de este año. Como ha venido informando esta redacción, la razón de estos recortes se basa en el cumplimiento del objetivo de déficit.

Según informó UGT en una nota, la Junta pretende que estas subvenciones se carguen a créditos presupuestarios del 2015, siempre "de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes", estableciendo además en la orden del UNEM que sólo se resolverán con cargo al presupuesto de 2014 "las subvenciones cuya tramitación ya haya alcanzado la fase de compromiso de créditos".

La secretaria de la Mujer de UGT Andalucía, Maribel González, explicó que "no sería coherente" que, con la excusa del cumplimiento del déficit, la distribución presupuestaria asignada a la igualdad entre sexos "resultara insuficiente o se viera gravemente mermada con respecto a las partidas de ejercicios anteriores". González destacó que la organización "confía en que la Junta continúe firme en su compromiso por el mantenimiento de todas las ayudas y los recursos necesarios que garanticen sus políticas por la igualdad de género".

La dirigente de UGT recordó que la igualdad "no necesita sólo de discursos, sino de recursos", por lo que exigió a todas las administraciones que demuestren "con hechos" que la igualdad de las mujeres "es una cuestión política prioritaria", destacando que "cuando se invierte en igualdad se invierte en justicia social".

El IAM replicó que el retraso en la resolución de la convocatoria del UNEM supone una garantía de pago para los ayuntamientos y vinculó la decisión al adelanto del cierre del ejercicio presupuestario decretado (por la Consejería de Hacienda) para cumplir el objetivo de déficit "impuesto" por el Gobierno central.