El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), será juzgado el jueves por corrupción. La Fiscalía le acusa de haber aceptado dinero cobrado a empresarios para permitirles edificar fuera de la legalidad. El Ministerio Público sostiene que al menos desde 2002 funcionaba en Alhaurín el Grande un sistema que pasaba por cobrar comisiones ilegales de 80 euros por cada metro urbanizado de más y 6.000 euros por cada vivienda edificada en exceso. Ese régimen opaco supuestamente lo dirigía el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que era quien se ocupaba de exigir los cohechos a los empresarios. La función del alcalde, según el fiscal, residía en callar y cobrar.

Junto a Martín Serón y Guerra serán juzgados en el llamado caso Troya dos técnicos que se ocupaban de darle la bendición jurídica a los expedientes fuera de la legalidad, a pesar de que contaban con informes en contra del arquitecto municipal. El banquillo lo completan 16 empresarios que presumiblemente pagaron para conseguir licencias y levantar edificaciones fuera del planeamiento. El fiscal ha hallado el rastro de 238.785 euros en inversiones patrimoniales e ingresos en efectivo en las cuentas del alcalde realizados entre 2002 y 2006 que en su opinión "proceden de los pagos" realizados por Guerra con el dinero que obtenía por cobrar comisiones ilegales a los promotores.

El escrito de acusación señala que en el registro policial efectuado en el domicilio de Martín Serón se encontraron 64.780 euros en metálico, además de otros 7.000 en efectivo en su despacho en el Ayuntamiento. Detalla también que en junio y diciembre de 2003 en una de sus cuentas se produjeron dos ingresos en efectivo por valor de 9.000 euros cada uno, así como otro en febrero de 2006 que ascendía a 15.000 euros.

En otra de sus cuentas se produjo en diciembre de 2003 otro ingreso valorado en 36.000 euros y en febrero de 2006 se aportaron 35.000 euros más en efectivo en otra cuenta. En las cuentas de su esposa, no imputada en el procedimiento, se produjeron en 2006 seis ingresos en metálico por un importe global superior a los 30.000 euros que también es sospechoso para la Fiscalía.

El escrito de acusación provisional también recoge que Martín Serón y su esposa adquirieron entre 2004 y 2005 tres fincas por importe total de 16.000 euros "sin que conste que acudieran a financiación externa ni que se sufragara su precio de compra con ingresos existentes en sus cuentas bancarias".