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Andalucía

El alcalde de La Línea ofrece ahora un peaje "optativo"

  • Sánchez insiste en una tasa para el acceso a Gibraltar y propone a las administraciones una vía alternativa donde no se pague

El alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez (PP), continúa trabajando en la tasa de congestión, conocido como peaje, que quiere implantar para el acceso a Gibraltar. Esta tasa no será de pago obligatorio -se habló de cinco euros-, sino que tendrá carácter optativo porque será establecida una vía alternativa. La aplicación de esta medida se efectuará inicialmente y con carácter temporal utilizando la red viaria existente, es decir, mantiene el pulso con el Gobierno lanzado este verano. Para que "el impacto de la medida sea definitivo", añadió el Consistorio en un comunicado, se requiere la colaboración institucional de los gobiernos de España y Gibraltar. Se entiende, para que colaboren en la adecuación de la vía alternativa.

El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, señaló ayer que, pese a la "nueva formulación" por parte del alcalde de La Línea, las instituciones "no pueden participar ni colaborar" con una "ilegalidad manifiesta" como, en su opinión, es la tasa de congestión, conocida popularmente como el peaje a Gibraltar.

En rueda de prensa, Pizarro consideró que la nueva formulación es "un salto más al vacío" por parte del alcalde linense. Tras insistir en que no habrá colaboración institucional, Pizarro avisó al alcalde popular de que los problemas del municipio no pueden resolverse a través de una "ilegalidad tan clara y manifiesta como un peaje para entrar o salir a Gibraltar".

El equipo de gobierno local justificó el plan en que modificación en los accesos de Gibraltar mejorará la calidad de vida de los linenses por su efecto medioambiental y la fluidez del tráfico rodado.

El Ayuntamiento señaló que supone un "ambicioso proyecto de transformación de la infraestructura viaria, susceptible de financiación con cargo a recursos europeos que, por su trascendencia en las relaciones entre España y Gibraltar, debería ser abordado conjuntamente entre las instituciones públicas afectadas".

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