El número de altos cargos que verán publicada su declaración de la renta en el Portal de la Transparencia se ampliará considerablemente en las próximas semanas. Si hasta ahora sólo los 109 parlamentarios estaban obligados a rendir cuentas en este sentido, en 2017 tendrán que hacerlo todas aquellas personas que tengan un puesto de igual o mayor responsabilidad que un director general. Esto significa que se conocerán los datos financieros de 284 personas incluidas por la propia Administración autonómica en su registro de altos cargos.

Así lo estipula la nueva redacción del artículo 12 de la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, que se aprobó en la sesión plenaria de ayer con el apoyo de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos y la abstención de IU. La modificación del texto, propuesta por los populares, permitirá acceder a los datos de los cargos de libre designación que hasta ahora no estaban obligados a publicar las liquidaciones tributarias del Impuesto Real de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto del Patrimonio.

La reforma legal recoge que los cargos públicos deberán presentar dichas declaraciones en el plazo de dos meses desde la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho o, en su caso, la del Impuesto sobre el Patrimonio.

Así, a los datos de los parlamentarios hay que sumar los de los viceconsejeros y directores generales, que se consideran altos cargos. Están incluidos en este listado, actualizado por la Administración el pasado mes de febrero después de las últimas reorganizaciones del sector público, los dirigentes de entidades como el Servicio Andaluz de Salud o la agencia IDEA. El texto también recoge la posibilidad de incluir los datos de los conyuges, pero de forma voluntaria.

Los consejeros que no tengan escaño en la Cámara actualmente tienen publicados sus datos tributarios por un compromiso de Susana Díaz, pero no existía una normativa que los obligase. Con la publicación en el BOJA de la modificación aprobada ayer, estos consejeros tendrán que hacerlo por ley. Resulta llamativo que en el actual Ejecutivo algunos de estos altos cargos gestionan casi la mitad del Presupuesto andaluz, como es el caso de los titulares de Salud y Educación.

Se trata de la primera ley propuesta por los populares que sale adelante en esta legislatura después de que en la comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara se hayan incluido enmiendas "de carácter técnico" -según el diputado Jaime Raynaud- de PSOE, Ciudadanos y Podemos. No se tomaron en cuenta, sin embargo, otras modificaciones propuestas por IU porque afectaban a otros artículos de la ley distintos al incluido en la modificación.