La meta: universalizar el uso de la bicicleta en diez ciudades -Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, Jerez y Algeciras, todas en manos del PP- añadiendo a los 908,7 kilómetros de carril bici actuales (ciudades más áreas metropolitanas) otros 1.064,34. También habría 3.080 kilómetros de carriles regionales, mayoritariamente existentes ya (2.625 kilómetros), sobre vías pecuarias y caminos rurales [ver gráfico].

La musa: el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) se fija en Sevilla: 138 kilómetros urbanos; 105,8 metropolitanos. Cuarta mejor urbe del planeta para los ciclistas según el Índice de Copenhague, prestigioso barómetro de la movilidad sostenible. 72.000 desplazamientos diarios. 27.151 barriles de petróleo ahorrados al año. 8.000 toneladas menos de emisiones de CO2. Treinta millones de inversión; 770.000 euros en gastos de conservación.

El dinero: A) La Consejería de Fomento y Vivienda (IU) estima que el despliegue íntegro del PAB supondría un desembolso de 402 millones en seis años (hasta 2020). La Junta asume el 75% de la inversión en las redes urbanas y los ayuntamientos el 25% restante más los costes de mantenimiento. En 2013, Fomento consignó en los Presupuestos 10 millones para el carril bici que se elevan a 18 en 2014. B) Los itinerarios de futuro podrían beneficiarse del Programa 2014-2020 de la UE para políticas de integración de la movilidad urbana, dotado con 6.000 millones. Aquí el departamento que dirige Elena Cortés saca pecho: no se trata únicamente de que Sevilla goce de cierto prestigio en la pasarela internacional sino del posicionamiento de Andalucía en España (ninguna otra CCAA cuenta con algo parecido al PAB), Europa (pertenece a la Federación Europea de Ciclistas) y el mundo (participó en Velo-City 2013, un ciclo de conferencias con 1.400 delegados de todos los continentes).

El problema: ninguna de las diez ciudades implicadas ha firmado convenio alguno con Fomento hasta la fecha. El periodo de alegaciones concluyó el pasado 26 de septiembre y ya se trabaja en la redacción definitiva del PAB. El grupo del PP en el Parlamento andaluz remitió a la Consejería 22 folios de críticas, consideraciones y sugerencias, entre ellas "la ausencia de una planificación económica para la ejecución de las actuaciones previstas"; los recortes permanentes de las partidas presupuestarias destinadas a infraestructuras del transporte (con una caída del 67,2% desde 2009); las paralizaciones o reprogramaciones de obras públicas; "la inexistencia de conexiones por vías ciclistas de importantes ciudades del litoral de Andalucía y de núcleos de población de gran importancia turística"; la necesidad de profundizar en la "convivencia ciclista-peatón"; la ausencia de un "desarrollo del apartado de sistemas de bicicleta pública"; o la "ausencia de convenios con la Administración central en materia de actuaciones, en cuanto puedan afectar a viarios de titularidad estatal".

[El silencio de varios ayuntamientos durante los dos meses del periodo de alegaciones (Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Jerez y Algeciras no dijeron ni mu) contrasta con las exigencias que han planteado a posteriori: unas son prácticas (cambios de trazado) y otras filosóficas (tal ciudad no está hecha para el carril bici, la salud del peatón peligra, etc). Cada caso marcha a su ritmo. En Jerez, por ejemplo, la Junta ha aceptado todos los retoques del Gobierno municipal. En la provincia de Sevilla ha dado el sí a la conexión Dos Hermanas-La Palmera. También ha habido gestos conciliadores en Huelva, Almería y Córdoba].

El efecto en la cartera: Con un 10% de desplazamientos diarios en bici y una media de 6 kilómetros recorridos, Fomento estima que el uso del transporte público caería un 38%, el del coche un 30% y el de la moto otro 4%. Se evitarían unas 709 toneladas de CO2 al día [el precio medio de los derechos de emisión de dióxido de carbono se sitúa en 11,47 euros por tonelada emitida: el ahorro económico sería de unos 2 millones de euros]. Se economizarían 40 millones de litros de combustible al año. Andalucía importaría 350.000 barriles de crudo menos.

El efecto en la salud: Disminuirían las enfermedades coronarias, cardiovasculares y cancerosas (especialmente el cáncer de colon). Aplicando los criterios de la OMS, Andalucía salvaría en gastos sanitarios 144,4 millones de media durante los próximos cinco años. En total (cartera + salud), el beneficio/ahorro sería de 413 millones cada ejercicio. La pelota está en el tejado del PP. Aun a costa del mito del coche como símbolo de un aceptable estatus social, debería pensárselo. Triple B: Bueno, bonito y barato.