La nueva ley andaluza de Igualdad cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta obligará a que "los titulares de los centros de trabajo en Andalucía que integren físicamente a 500 o más personas trabajadoras, deberán promover la instalación y dotación de un centro de educación infantil de primer y/o segundo ciclo, de acuerdo a las necesidades de conciliación de las empleadas y los empleados del mismo establecidas en el marco de la negociación colectiva". No obstante, según precisó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ésta será una exigencia para las empresas públicas, y se invitará a que las empresas privadas también lo hagan.

Ésta es una de las novedades más destacadas del proyecto que tramita la Junta, el quinto de la legislatura según celebró el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, aunque todos son compromisos previstos por el anterior Gobierno PSOE-IU antes del anticipo de las elecciones el pasado marzo.

La ley actualiza la norma de 2007 e introduce un régimen de infracciones y sanciones, con multas que oscilan entre los 6.000 y 120.000 euros las más graves. Entre éstas últimas está el trato discriminatorio o "represalia laboral" a la mujer relacionado con su embarazo o permiso de maternidad.

En materia de empleo se introducen disposiciones dirigidas a luchar contra la desigualdad salarial. A las empresas se les realizará "auditorías periódicas para analizar esas diferencias retributivas", aunque Sánchez Rubio admitió la imposibilidad de obligar a las empresas privadas, a las que sí se podrá incentivar.

En el sector público se reforzará la presencia de la mujer en aquellos cuerpos, niveles y categorías de puestos con menor representación o se implantará la garantía de proporcionalidad equilibrada entre hombres y mujeres en los tribunales de oposición y en las comisiones de selección.