La junta directiva de la Asociación Española de Radio Comercial (AERC), reunida este miércoles, ha expresado "su malestar y alarma" ante el decreto ley aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía de simplificación administrativa, por el que también se modifica el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales. A partir de ahora, y si es validado en el Parlamento, se faculta a los ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros.

Las radios comerciales entienden que esta medida supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad, como es el decreto ley, "para conseguir, sin debate parlamentario, sin consultar al sector y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico por el que se rigen las emisoras municipales". Este marco prohíbe expresamente la gestión indirecta de las emisoras de radio municipales.

Desde esta asociación de radios comerciales, se sostiene que este decreto "es contrario a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa autonómica, y que establece -atendiendo a la protección del pluralismo, y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación Audiovisual-, que las comunidades autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales".

Las radios comerciales que forman la AERC operan tras adjudicación administrativa en base a criterios de pública concurrencia, idoneidad y capacidad técnica; y lo hacen, por tanto, de acuerdo con la seguridad jurídica del Estado.

"Dicha seguridad se ve seriamente alterada al incorporar, a través de este Decreto Ley, cientos de emisoras al mercado, que pasarían a poder ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la legislación estatal básica", se explica desde la AERC.

El decreto ley también "lesiona irreparablemente la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico, bien imprescriptible de dominio público, cuya titularidad, gestión y planificación corresponde en exclusiva a la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información y Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Economía".

La asociación entiende que también "genera trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado, desestabiliza un mapa de operadores de radio comercial que acometen inversiones en infraestructuras y contenidos, y supone una abdicación del control de idoneidad técnica, solvencia y capacidad necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión de calidad, plural y competitivo".