La comisión de investigación sobre la Faffe, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, sigue funcionando en el Parlamento un año después de su polémico inicio. Este organismo saltó a la palestra en los prolegómenos de la campaña de las últimas elecciones generales, cuando estaba prevista la comparecencia de los últimos tres ex presidentes de la Junta y la actual ministra de Hacienda. Sólo Manuel Chaves acudió, pero no llegó a contestar a las preguntas de los diputados en una desagradable reunión que marcó esta investigación parlamentaria. La mayoría de la Cámara, que ostentan PP, Cs y Vox, cargó contra los ex dirigentes socialistas por su plantón y el PSOE contraatacó acusando a los partidos de la mayoría de utilizar electoralmente al Parlamento. 

Desde entonces, con cuentagotas, han continuado las comparecencias del primer grupo, que contaba con 40 declarantes de los que todavía quedan 12. Tras la polémica inicial las sesiones se espaciaron en el tiempo, pero la intención de PP y Cs es que se habiliten dos semanas de enero para finalizar esta primera tanda. Después, según ha anunciado este miércoles el presidente de la comisión, el diputado naranja Enrique Moreno, la intención es elaborar una nueva lista con algunos de los nombres que se quedaron fuera en la primera criba. Muchos de ellos eran ex trabajadores de la extinta agencia, pero el PP pretende también volver a llamar a los ex dirigentes socialistas que no recogieron la citación -José Antonio Griñán y Susana Díaz- o eludieron su asistencia, como hizo María Jesús Montero escudándose en su actual desempeño como ministra de Hacienda. 

“Empezó mal y estamos intentando reconducirlo”, reconoce Ana Vanessa García, portavoz del PP en la comisión. La diputada popular se refiere a la aspiración de su partido de reformar el reglamento de la Cámara para evitar una práctica que se ha convertido en habitual en esta investigación parlamentaria, la de no contestar a las preguntas. La mayoría se escudan en que se trata de asuntos judicializados y su declaración podría perjudicarlos en los tribunales. Lo hizo ayer, por ejemplo, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, uno de los ex altos cargos condenados en la pieza política del caso ERE, que anunció que no contestaría ninguna pregunta “para salvaguardar” sus “derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

“No puede ser que hagamos un esfuerzo y se rían de nosotros”, reitera García quien, no obstante, reconoce que la documentación que tienen los grupos a su disposición es “suficiente” y les permite llegar a conclusiones. “Son cuestiones que han ocurrido y están ahí”, dice la diputada popular, en referencia a hechos ya confirmados, como el uso de tarjetas opacas por parte del que fuera director gerente de la Faffe, Fernando Villén, y el pago con dinero público en clubs de alterne de varias provincias.

No obstante, hay otras situaciones menos conocidas y que, según defienden en el PP, salen a la luz en comparecencias como la que sí se sustanció ayer, protagonizada por el ex gerente de la fundación en Cádiz, Luis Márquez, que defendió los logros de la Faffe en la mejora de la empleabilidad de los parados de la comunidad. En su turno para interrogar a este ex directivo, García le preguntó por el “negocio” que, según el PP, se hizo con los alquileres poniendo como ejemplo una nave que fue alquilada por la Faffe por valor de 4.100 euros al mes y luego una de las empresas del ex consejero Ángel Ojeda realquiló un 30% de ese mismo inmueble “por 15.000 euros al mes”. “¿Ese dinero dónde iba?”, se pregunta Ana Vanessa García, convencida de que esta investigación parlamentaria servirá para dilucidar las responsabilidades políticas que rodean a la irregularidades de la Faffe. Para que este organismo llegue a alguna conclusión falta, como mínimo, un año. La nueva ronda de comparecientes se extenderá a lo largo del primer semestre de 2021. Después, los grupos deben elaborar sus conclusiones, presentarlas a la comisión y que el presidente elabore un dictamen, que será lo que acabe yendo a pleno. Ytodo ello sin contar con un nuevo confinamiento que provoque otro cierre de la actividad parlamentaria. El presidente del organismo, Enrique Moreno, calificó ayer de “positivo” el desarrollo de los trabajos, a pesar de que, antes de la pandemia, ya era la comisión de investigación más lenta de la década en la Cámara andaluza.