Prevaricación, cohecho y omisión del deber de perseguir delito. Ésas son las imputaciones que la instructora del caso Astapa, Isabel Conejo, mantiene contra el concejal socialista Rafael Duarte, si bien no ha decretado ninguna medida cautelar contra él, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El socialista, número tres de la candidatura en las pasadas elecciones, permaneció en los juzgados durante más de dos horas y a su salida aseguró a los medios de comunicación que su imputación "se debe a no haber denunciado los hechos que estaban ocurriendo en mis áreas".

También permanece imputada la gerente de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado. A primera hora y por la puerta principal. Así es como llegó a la sede judicial después de haber prestado declaración ante la Policía Nacional a finales de junio. A ella se le imputan los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, aunque tampoco se mantendrán medidas cautelares, al igual que sucede con el trabajador del empresa de la Vivienda, Héctor Ruiz, que también prestó ayer declaración ante la jueza. A él se le mantiene la imputación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Hoy presta declaración en el juzgado, entre otros, el hasta ayer alcalde accidental, Rafael Montesinos, que tras el pleno aseguró que "nunca" va a renunciar a su acta de concejal.