La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, subrayó ayer que actualmente "no hay ni diputados ni cargos públicos que tengan que asumir responsabilidades" políticas en el conocido como caso Marismas porque "a día de hoy no hay ningún imputado o investigado judicialmente" por dicho asunto en ese ámbito. Ortiz defendió dla "colaboración" de la Junta con el juzgado que investiga este asunto. Así lo trasladó la consejera en su comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Popular para informar sobre responsabilidades políticas y actuaciones jurídicas por parte del Consejo de Gobierno "ante la implicación de exaltos cargos del Gobierno andaluz en las presuntas irregularidades cometidas en la subvención concedida por la Junta de Andalucía a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir para obras destinadas a la modernización de regadíos".

La consejera recordó que este caso "está siendo sometido a una actuación judicial en vía penal y en vía contencioso-administrativa", por lo que "la justicia es la que debe determinar las posibles responsabilidades jurídicas que pudiera haber". "A los demás nos corresponde ayudar, cooperar y no entorpecer", insistió la titular de Agricultura, que defendió que su departamento "está actuando de manera impecable" en el ámbito judicial, prestando "colaboración con el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla", aportándole "toda la información que se nos solicita", y además "personándose en el procedimiento".

Ortiz añadido que el "primer objetivo" de la Consejería en este caso fue lograr "la recuperación de los fondos" públicos invertidos, y, para ello, inició un "proceso administrativo" que sirviera para "reintegrar hasta el último euro de inversión pública".